Invalida Corte subasta de concesiones de radio y t.v.

Cd. de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el otorgamiento de concesiones de radio y televisión por subasta pública, por considerar que propicia prácticas monopólicas y la concentración de los medios de comunicación.

Por unanimidad, los ministros aprobaron el proyecto de Sergio Salvador Aguirre Anguiano que propuso invalidar el Artículo 17-G de la Ley Federal de Radio y Televisión, por privilegiar las concesiones a quienes tengan mayor poder económico y por violar el principio de seguridad jurídica.

Al votar uno de los puntos más importantes de la impugnación contra las reformas de la llamada "Ley de medios", los ministros declararon inválida la porción del artículo que señala que será "a través de subasta pública", como se otorguen las concesiones para prestar el servicio de radiodifusión.

La ministra Olga Sánchez Cordero manifestó que en este caso concreto "es el antimonopolio", pues la fracción del artículo impugnado "favorece la existencia de concentraciones".

Opinó que los intereses de las empresas "que tienen el control de los medios", no son iguales a los de los "profesionales de la información".

Subrayó que el interés de las empresas tiene que ver con el crecimiento económico y no se puede acceder al debate político "en presencia de los modernos imperios de la noticia y del espectáculo", pues no hay "acceso al mercado de las ideas, que ciertamente depende de estos medios de comunicación concentrado en unas manos".

A su vez, el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, puntualizó que se hizo saber que desde hace 11 años, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) ha utilizado el mecanismo de subasta para el otorgamiento de concesiones.

Sin embargo, consideró que la ley es ambigua por mencionar el procedimiento de licitación y posteriormente el de subasta, lo que genera inseguridad jurídica.

En el proyecto, varios ministros opinaron que debían adherirse las consideraciones sobre violación de garantías individuales y de igualdad sugeridas por Genaro Góngora Pimentel; sin embargo, el ponente lo rechazó bajo el argumento de que en su planteamiento sí se consideraban criterios de ese tipo.

El ministro Juan Silva Meza apoyó a Góngora en el sentido de que el proyecto daba mayor valor a las consideraciones económicas, y no a la protección de las libertades con una visión de Estado, y dijo que de agregarse estas consideraciones, tendría un mejor sustento.

Este tema generó un intenso debate desde la sesión de ayer lunes, entre los ministros Sergio Aguirre y Góngora Pimentel, que mereció un llamado a la calma de Mariano Azuela, quien dijo que aun cuando el pleno coincidía en la inconstitucionalidad de la norma "pareciera que hay un enfrentamiento en argumentaciones".

Señaló que uno de los aspectos negativos de que las sesiones de un órgano jurisdiccional sean transmitidas en vivo es que "de pronto hay una radicalidad en sostener incluso con detalle" alguna posición, pero que en privado fácilmente se aceptaría.

Azuela observó que "cuando se está ante la mirada del público, no se puede ceder ¿por el qué se va a decir?", e incluso puntualizó que los argumentos que Genaro Góngora sugirió y que Aguirre Anguiano rechazó y "violentamente defendió", en sustancia están contenidos en el proyecto.

Subrayó que los derechos humanos estaban presentes en la ponencia, al igual que la rectoría económica del Estado, la libertad de información y libertad de expresión, aunque el aspecto económico está "en situación superior".

En este sentido, recalcó que los aspectos económicos están relacionados con los derechos fundamentales, pues las personas "primero deben tener alimento para tener libertad".

Por ello, insistió, las distintas opiniones que convergen en declarar inconstitucional la fracción que permitía la subasta pública para otorgar concesiones requieren de "una participación conciliadora para sumar y multiplicar, y no para dividir, pues hay una gran identidad en cuanto al objetivo".

Azuela Güitrón abundó que el artículo se aparta de la licitación y "la ley puede establecer lo que quiera", con lo que "ya no se establecería la igualdad a partir de la licitación".

Información de Notimex