Nueva medida contra inmigrantes en Arizona

Las personas indocumentadas que visiten a sus familiares o amigos en las seis cárceles del condado de Maricopa, estado de Arizona, serán encarceladas.

El sheriff de ese condado, Joe Arpaio, conocido por imponer calzones y calcetines rosas para todos los presos en las cárceles del condado, ahora ha implementado una nueva medida para subrayar que está contra todos aquellos que no tienen papeles.

El sheriff dijo a La Opinión en exclusiva, que el día de hoy en todas las cárceles del condado que albergan a por lo menos 10 mil prisioneros, incluyendo unos dos mil inmigrantes indocumentados, habrá un letrero que dice:

"Cuidado, ilegales inmigrantes tienen prohibido la entrada a estas instalaciones", dice el letrero.

El Sheriff, también conocido como uno de los más duros e incisivos para implementar medidas antiinmigrantes, expresó que la iniciativa es otra de sus herramientas para pelear contra el problema de la inmigración en el condado.

"Tengo una lista de diferentes formas disponibles para darnos cuenta que una persona está ilegal en este país. No me preguntes cómo, pero nosotros encontramos la forma", expresó el sheriff.

"Nosotros no permitimos a los ex reos visitar a familias, entonces por qué vamos a permitir a los ilegales, considerados violadores de la ley, dentro de mis cárceles".

Hasta el día de ayer en la cárcel Estrella, según la secretaria, las personas podían presentar la matrícula consular, siempre y cuando la credencial tuviera foto; sin embargo, activistas y líderes de la comunidad dicen que esa práctica ya se viene realizado desde hace varias semanas, cuando anunció una línea gratis para denunciar a los indocumentados.

Elías Bermúdez, representante del Centro de Ayuda, dijo que por lo menos conoce de dos personas que fueron detenidas y deportadas a México por el hecho de no tener papeles y de querer visitar a sus familiares en las cárceles.

"Esto es simplemente uno de los grandes abusos del sheriff con el que demuestra que seguirá castigando a la comunidad inmigrante hasta que se lo permitan", expresó. "Desafortunadamente lo único que logra con esto es lastimar y separar a las familias trabajadoras".

Ben Miranda, abogado en Arizona, dijo que en Maricopa, el sheriff está violando los derechos civiles de las personas, ya que la Constitución de Estados Unidos es para todas las personas con documentos o sin ellos.

Expresó que en los acuerdos delDepartamento del Sheriff con la Oficina del Control de Inmigración de Aduanas (ICE) se permitió el entrenamiento de 160 agentes del Sheriff para que funcionaran como agentes de inmigración, con el objetivo de investigar a las personas que cometieran un crimen serio, no por cometer infracciones de tráfico, manejar sin licencia y mucho menos por ir a ver a sus familiares a la cárcel.

Alonzo Peña, jefe del ICE en todo Arizona, dijo que si se sorprende al sheriff violando el acuerdo, se le podría cancelar el contrato; sin embargo, indicó que hasta el momento no ha recibido ninguna queja y siempre que el sheriff realiza una actividad se comunica con su oficina para verificar primero si la medida es aceptable.

"Respecto a los letreros ya hablé con el sheriff y aunque no te puedo dar detalles, lo que están haciendo está dentro de los límites acordados. No hay ninguna violación al contrato", indicó Peña.

Mientras tanto, en el condado de Maricopa el impacto ya se hizo sentir y las personas que tienen familiares en la cárcel prefieren no visitarlos. Tal fue el caso de los hermanos Ponce que no saben de su hermano desde la semana pasada.

"El y mi cuñada fueron arrestados en un supermercado, porque supuestamente su hijo de 2 años venía comiendo una fruta que no habían pagado", expresó Juan Ponce. "Ahora dicen que serán puestos en deportación, pero nosotros no podemos ni verlos por miedo a que nos vayan a arrestar también".

Carlos Flores, titular del consulado de México en Phoenix no estuvo disponible para un comentario al respecto.

Para contrarrestar este tipo de acciones del Sheriff, Miranda dijo que el día de hoy anunciarán una línea telefónica para que las personas denuncien cualquier abuso de las autoridades. De esa forma irán documentando las violaciones y después, a través de una organización, tratarán de llevar el caso al tribunal.

El teléfono al que los afectados pueden llamar es el 602-462-5050 ó al 1888-252-7555