Suman 600 levantones

Aunque las cifras oficiales al respecto son menores, Proceso obtuvo ese número aproximado recabando información de instituciones públicas, de medios de comunicación y de agrupaciones de derechos humanos, las cuales explican las diferencias estadísticas por el hecho de que, en el presente gobierno, son pocas las familias que superan el miedo y denuncian formalmente las desapariciones forzadas de sus parientes.

A pesar de que, en 2007, el Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos (Predes) de la CNDH dio cuenta de 43 desapariciones –23 verificadas en el presente sexenio–, y no obstante que Amnistía Internacional (AI) emitió un informe acerca de este fenómeno en México, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, declaró el 27 de mayo pasado que el actual gobierno “no tiene ni presos políticos ni desaparecidos”.

Consultada al respecto, la senadora Rosario Ibarra manifiesta: “¿Quién le puede creer a Mouriño cuando dice que en México no hay desaparecidos?
Claro que ahora les llaman ‘levantones’, vocablo terrible que inventaron para asociarlo a otros dos fenómenos, ‘delincuencia organizada’ y ‘narcotráfico’, lo cual es una maña calculada del gobierno ilegítimo de Calderón para quitarse de problemas”.

En entrevista, la senadora perredista comenta que, a diferencia de las más de 500 desapariciones ocurridas durante la guerra sucia, “cuando estábamos seguros de que los que se llevaron a nuestros seres queridos eran la Dirección Federal de Seguridad, la policía de Arturo Durazo en el Distrito Federal y el Ejército, ahora no se sabe quiénes son los responsables.
Eso llena de miedo a los familiares de las víctimas y por eso no denuncian”, señala la legisladora en la edición 1651 de Proceso.

Publicidad engañosa

El presidente Felipe Calderón y su Gabinete de Seguridad celebran reiteradamente que, según ellos, le van ganando la guerra al crimen organizado, pero la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sigue hundida en el desorden: improvisación, corrupción administrativa, fallas técnicas, programas incumplidos y proyectos “maquillados”, entre otros vicios, publica Proceso en su número 1651.

Parte de este caos que priva en la SSP se desprende de la segunda carta que envió Javier Herrera Valles, comisario y excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), al presidente Felipe Calderón, en la que denuncia la corrupción y lo que él llama “las mentiras del titular de la SSP, Genaro García Luna”.

Herrera envió la primera carta a Calderón en febrero pasado (Proceso 1637), y al igual que ahora le anexó documentos oficiales que demuestran sus señalamientos. Asegura que esta misiva, de ocho cuartillas a renglón seguido y con fecha del 7 de mayo, fue recibida en la Presidencia el 22 del mismo mes, antes de que los tentáculos de García Luna la confiscaran.

En ella el denunciante describe cómo García Luna utiliza a la SSP como empresa particular, pues sacrifica al personal capacitado para dar cabida a “amigos, familiares y recomendados, quienes ostentan altos puestos y grados jerárquicos”.

En cuanto a las fallas de las operaciones contra el crimen, Herrera Valles dice en entrevista con Proceso que García Luna presume de contar con tecnología de punta, sistemas satelitales y archivos digitalizados con registros criminales de todo el país, pero eso no es cierto, dice, pues al ponerlos en uso muestran fallas recurrentes, ya que las bases terrestres que realizan los operativos no tienen acceso a esos datos, lo que a menudo deriva en falta de comunicación, descoordinación y en constantes matanzas de policías, denuncia Proceso en su edición 1651.