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En Sonora se viola la Constitución de la República en materia de derecho a la información y transparencia, afirmó el Dr. Miguel Carbonell Sánchez.
El Congreso sonorense creó algo exótico desde el punto de vista jurídico al otorgarle al Tribunal Electoral la facultad de decidir en esta materia, explicó el experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
No tiene nada que ver lo electoral con el derecho a la información y transparencia, por eso ninguna entidad federativa tiene una figura como ésta, “porque es una grave violación a la Constitución”, reiteró.
Si a un ciudadano sonorense se le niega información pública y el Tribunal Electoral justifica la negativa, puede solicitar un amparo con la seguridad de que lo ganará de manera rápida porque el Tribunal es un órgano inconstitucional en esta materia, sostuvo.
“Sonora aún tiene mucho que avanzar en este terreno y en materia de cultura política”, señaló.
En conferencia dictada en el ITSON, Carbonell Sánchez afirmó que la transparencia informativa de los órganos de gobierno no sólo es un derecho sino además un elemento que contribuye a la competitividad y al crecimiento económico.
Por esa razón, dijo, el 95 por ciento de solicitudes de información a entidades gubernamentales proviene del sector privado.
“Los empresarios son los más interesados en ejercer este derecho porque gracias a ello pueden saber quién provee de bienes y servicios al gobierno y a qué precio; de esta manera pueden competir con los proveedores”, comentó.
La relación de transparencia, competitividad y crecimiento económico esta medida a nivel de países y por desgracia México ocupa un lugar muy retirado de quienes encabezan la lista, dijo.
Aclaró que los avances registrados en México desde el 2002, año en el que se empezaron a aplicar las normas de transparencia, son avances logrados por la presión ciudadana.
“Ningún partido político puede atribuirse el mérito; fueron los ciudadanos organizados los que impusieron la agenda del derecho a la información y la transparencia gubernamental”, precisó.
Cualquier ciudadano puede solicitar la información que él desee y obtenerla en un tiempo razonable; “cualquier información”, subrayó, “sin necesidad de explicar o justificar para que la solicita”.
La transparencia y el derecho de acceso a la información son derechos fundamentales, nadie los puede coartar, afirmó.
