|
Los funcionarios de casilla demandados por el PRI por supuestas actividades ilícitas durante la jornada electoral del 5 de julio no irán a la cárcel.
De acuerdo al abogado penalista Mauro Armendáriz Bórquez, el Código Penal del Estado de Sonora se encuentra rezagado en el tema electoral y por ello ofrece penas alternativas que evitan privar de la libertad a los acusados.
El también ex presidente del Colegio de abogados señaló que no se pueden girar órdenes de aprehensión contra los acusados.
“En todo caso lo que se va a girar es una orden de comparecencia para que acudan ante la autoridad”, manifestó.
La ley electoral y el código penal de Sonora no han sido actualizados por los legisladores locales aun cuando se han hecho los señalamientos por parte de abogados, señaló.
Existen, dijo, limitantes para actuar en situaciones como la emanada del pasado proceso electoral donde unos 50 ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla se encuentran demandados por el equipo del ex candidato Ernesto Vargas Gaytán.
“Si solo son acusados por delitos electorales, el Código Penal en sus artículos 330 al 336 es claro y ofrece penas alternativas”.
De igual forma, agregó, las lagunas en materia electoral deslindan al Consejo Estatal Electoral de cualquier acción para defender a los ciudadanos acusados.
“Los ciudadanos están indefensos, ni el CEE puede defenderlos en casos como éste; los funcionarios deberán buscar a sus abogados para hacer frente a las acusaciones”.
