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Cuando el 25 de julio de 2005 las autoridades agrarias estatales y federales firmaron un convenio con ex ejidatarios de “La Carabina”, no pensaron que en vez de solucionar un conflicto, lo estaban agravando.
Y es que siete meses antes, el 8 de junio de 2004, la juez tercero civil, Rosalbina Salgado Contreras, dictaminaba que sobre las tierras de “La Carabina” no se podía llevar a cabo enajenación o venta alguna de los bienes, sujetos a remate.
La frase de “nada ni nadie por encima de la ley”, no se cumplió entonces y hoy Víctor Arvizu Quiñónez y su esposa Aída López López reclaman, en medio de subsecuentes violaciones a la ley desde el lado oficial, que a ellos les pertenecía una quinta parte de las tierras usadas para convenir con los ex ejidatarios y nadie los tomó en cuenta.
El predio “Fraccionamiento del Rancho Gándara o Demasías de Yucuribampo” está en litigio desde que en enero de 1976 el gobierno federal expropió a René Gándara Romo, ex alcalde de Cajeme, mil 520 hectáreas en beneficio de 72 capacitados.
Así se fundó el ejido “La Carabina” que en 1985 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las mil 520 hectáreas deberían ser restituidas a su original dueño, que para entonces había fallecido y su albacea resultó su hijo, Antonio Gándara Terrazas.
Aproximadamente en 2001 el abogado y agricultor cajemense solicitó a Víctor Arvizu Quiñónez y Aída López López un préstamo que no pudo pagar y por medio de un litigio se le adjudicó, en 2004, la quinta parte de un predio rústico de 200 hectáreas y otra quinta parte de otras mil 176 hectáreas del terreno de agostadero en proindiviso del “Rancho Gándara”.
La notificación de que sobre ese predio no se debía realizar ninguna operación fue notificada tanto a Gándara Terrazas como al gobierno de Sonora.
Aún así realizaron en 2005 un convenio con los ex ejidatarios, consistente en doce millones de pesos y 78 hectáreas, dentro de las cuales se localizan la tierras solicitadas por la familia Arvizu López.
El 3 de octubre de 2005, el Tribunal Agrario dictaminó que el convenio entre las autoridades agrarias estatales y federales con los ex ejidatarios era legal, a sabiendas de que había una tercera persona en disputa, a la cual no le tomaron su parecer.
Pero el Registro Público de la Propiedad, entonces a cargo de José María Parada Almada, hoy dirigente del PRI local, les paró el alto: les dijo que ese convenio no podía inscribirse por el aviso preventivo de la adjudicación de remate del 30 de noviembre de 2004.
Pero además, un notario público ya había entregado escrituras a la famlia Arvizu López, por lo cual son dueños de ese predio también, expuso.
Lo peor de todo, sostuvo, es que hoy en día algunos cajemenses están comprando tierras en ese lugar, aunque engañados, pensando quizá en futuras acciones como el paso del libramiento de Ciudad Obregón por ahí.
No quisiera pensar, expuso, que la venta de 800 mil pesos por hectárea se esté dando a una persona o familia en especial y que por ello a él no lo estén tomando en cuenta a pesar de ser propietario de una quinta parte de la tierra.
Ojalá que al abogado estatal, el procurado de Justicia, y al gobernador Eduardo Bours Castelo los asesoren bien porque lo único que están logrando hoy, al seguir peleando por esas tierras, es dejar más problemas hacia el futuro.
“No pueden decir hoy que en ´La Carabina´ ya se solucionó el conflicto agrario. Más bien, al seguir violando la ley desde el Estado mismo, lo están enredando más”, expuso.
