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Basada en una estrategia ideada por Pedro Aspe, quien fue secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y avalada por Agustín Carstens, la llamada bursatilización de los recursos federales que se destinan a los estados podría enfrentarse a un fallo adverso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que analiza el proyecto en el caso del estado de Sonora.
Según analistas financieros, esta bursatilización, "pone en riesgo" la totalidad del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, además de que representa un negocio monumental para la empresa de Aspe y la banca privada.
Perfilado como un negocio multimillonario en beneficio de la empresa Protego, cuyo propietario es Pedro Aspe Armella, la bursatilización de los fondos federales que se destinan a los estados sigue su marcha imparable.
Y lo hace sin considerar que, en el caso de Sonora, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (expediente 163/2007) analiza la probable inconstitucionalidad del plan correspondiente a esa entidad, con el riesgo de invalidarlo junto con las leyes locales que permitieron al gobierno estatal bursatilizar deuda pública y manejar recursos del erario mediante un fideicomiso privado, lo que sentaría un precedente legal que echaría por tierra el proyecto a escala nacional.
Protego es el despacho que asesoró al anterior gobernador de Sonora, Eduardo Bours, en el diseño del llamado Plan Sonora Proyecta, según difundió el 1 de noviembre de 2007 la revista Contralínea y lo denunció en la misma fecha la diputada local Petra Santos Ruiz en periódicos de esa entidad.
Este plan fue presentado como proyecto de ley y aprobado en agosto de 2007 por la fracción priista del Congreso local para crear un fideicomiso de financiamiento que tenía el objetivo de captar 10 mil millones de pesos.
Y aunque Aspe Armella se deslindó del diseño del plan y se lo atribuyó a otro economista en una carta fechada el 16 de junio que envió a la prensa, las dudas persisten.
Los impulsores de la acción de inconstitucionalidad del Plan Sonora Proyecta, promovido por Bours, fueron diputados de la LVIII Legislatura de esa entidad según los cuales tal disposición, que dio lugar a reformas a siete leyes locales, es inconstitucional porque anula las facultades del Congreso para revisar las cuentas públicas.
Además, esos legisladores sostuvieron que el "plan Bours" atenta contra la división de poderes al invadir atribuciones del Poder Legislativo del Estado.
A nivel nacional, el proyecto fue concebido para mitigar el impacto provocado por la falta de recursos y el desequilibro en las finanzas públicas. Pero el hecho de bursatilizar los recursos que, por ley, el gobierno federal debe entregar anualmente a las 32 entidades federativas, "comprometió" ante la banca privada el llamado Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) para los próximos 13 años.
El cerebro financiero de esta estrategia fue Pedro Aspe, secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y hoy propietario de Protego Casa de Bolsa.
Este es un extracto del reportaje que se publica en la edición 1717 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 27 de septiembre
