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Tuvieron que pasar 22 años para que a los habitantes de la colonia Valle Verde les dijeran que tienen un metro más de terreno.
Y no fue autoridad alguna sino los trabajadores de una constructora de viviendas, propiedad de la familia Sánchez Cabanillas, los que les hicieron de su conocimiento tal situación y no de la mejor manera.
Con maquinaria, los empleados de la empresa comenzaron a derribar los modestos cercos perimetrales de once viviendas de la calle Zafiro para construir una barda.
Asustados, los vecinos en principio vieron cómo las máquinas derrumbaban uno a uno la madera y alambre con que marcaban los límites de sus terrenos.
Pero luego se armaron de valor, las mujeres sobre todo, y obligaron en la mayoría de los casos a que les colocaran sus cercos donde estaban.
En la administración de Sóstenes Valenzuela Miller, en 1987, les vendieron, de acuerdo al contrato firmado, lotes de 18 metros de fondo por 9.10 de ancho.
Pero los trabajadores de la constructora les dijeron que en realidad son 17 metros de fondo los de sus terrenos, por lo cual deben recorrerse ese espacio.
Este martes de nuevo inició la embestida de las máquinas y los vecinos se reunieron para impedir que les derriben sus cercos.
Los policías que ocupaban las patrullas 431, 028 y 475 se sumaron al reclamo de la constructora al amenazar a las familias y les pedían que mejor dejaran a la empresa hacer su barda.
El dueño de una vivienda cuyos límites están justo donde termina el patio se encuentra preocupado porque con la maquinaria ya la removieron parte del cimiento y teme que se pueda caer.
Apoyados en el regidor Guillermo Patiño Fierro, los vecinos dicen que seguirán su lucha contra la constructora, cuyos dueños han amenazado con interponer una demanda.
“De cualquier manera, ni la Policía puede mover sus cercos sin una orden judicial. A la empresa le conviene mejor venir a dialogar con ustedes que irse a un juicio por un metro de terreno”, les comenta el regidor perredista.
Si los de la constructora no pidieron el deslinde de sus terrenos ante de comenzar a edificar sus casas, expone, pues es su problema porque los vecinos tienen 22 años de posesión pacífica.
Y es que, según los vecinos, los dueños de la desarrolladora de viviendas se sienten protegidos porque son panistas y precisamente está en el poder una administración proveniente de ese partido.
“Pero aún así es mejor que vengan a platicar porque nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, afirman.
