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La auditoría que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) realizó al SUBA fue entregada al presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF, Otto Claussen Iberry, desde el pasado 14 de diciembre, pero éste no la turnó a los diputados, señaló Eloísa Flores García.
“Sucedió algo muy raro ya que la persona que recibió la información no la compartió con los diputados que tienen que analizarla”, comentó la legisladora y presidenta de la Comisión de Transporte en el Congreso local.
Debido a ello, dijo, varios diputados locales solicitaron al Auditor Mayor, Eugenio Pablos Antillón, que esto no vuelva a ocurrir y canalice cualquier información a la totalidad de los integrantes de la Comisión de Vigilancia del ISAF y no sólo al presidente.
En la auditoría realizada se detalla que existen puntos no muy claros como el hecho de que no existe un instrumento de control de recursos públicos recibidos y ejercidos, sostuvo Flores García.
Esto se suma, dijo, a la serie de quejas que han manifestado concesionarios y socios del sistema de transporte en el sentido de que hay corrupción en la administración de los recursos.
Por eso, añadió, se ha solicitado una auditoría mayor de los recursos que genera el SUBA como empresa y los que perciben del Gobierno del Estado.
Flores García añadió que buscará que los recursos que aún están pendientes de entregar y los nuevos que están etiquetados para este año, tengan un mayor control para poder fiscalizarse.
“Lo único que estoy pidiendo es que ahora sí, el ejecutivo regule de una forma más clara y más transparente el uso de los recursos públicos que se dan, en este caso para apoyar los servicios que de alguna manera son responsabilidad del estado ya que lo más importante es el usuario”, recalcó.
