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Para entender la dinámica legislativa, hay que recodar primero que los dos puntos que se quieren sacar adelante provienen del Senado de la República. Tanto la Ley Nacional de Seguridad como las reformas en materia de derechos humanos, fueron operadas por el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera y su equipo de trabajo, junto con el PRD de Carlos Navarrete, integrante de la corriente Nueva Izquierda, mejor conocida como “Los Chuchos”, y en esta legislatura del Senado han mantenido una curiosa coincidencia.
Ambos temas llegaron a la Cámara de Diputados como minutas; es decir, para que sean ratificadas por los legisladores. Si no se le cambia ningún ápice entrarían de inmediato en vigor De lo contrario, se regresarían al Senado con la posibilidad de que se queden congeladas y se tenga que esperar un año más para poder ser avaladas.
La dificultad que enfrenta Beltrones es que en la Cámara, la mayor bancada, que es de 45 diputados, son del estado de México, quienes aunque no sean afines a Enrique Peña Nieto, sí trabajan por el momento unidos y en pro del gobernador mexiquense. Y como las iniciativas fueron elaboradas por Beltrones, su principal contrincante político en la nominación como candidato a la Presidencia de la República para 2012, es seguro que serán frenadas.
En el caso de la Ley Nacional de Seguridad se antoja totalmente difícil que pueda aprobarse como no sea manteniéndole al Ejército su fuero. Si en los cambios que ya se elaboran en la Cámara se mantiene el fuero, aunque en todo lo demás se hagan concesiones a las Fuerzas Armadas, estos no la avalarán y, por lo tanto, nunca verá la luz en un periodo extraordinario.
Por lo que se refiere a las reformas en materia de derechos humanos, se antoja aún más complicado, pues quede o no Beltrones como candidato a la Presidencia, si se aprueban los cambios en la materia, el senador contaría de ahí en adelante con una poderosa arma política para doblar a cualquier gobernador, presidente municipal, funcionario o incluso el propio Presidente de la República, que cometa una violación “grave” a los derechos humanos.
Y es que el principal cambio en la materia radica en quitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su facultad de investigar casos de violaciones graves y transferirle dicha calidad investigadora a la CNDH, organismo que, dicho sea de paso, está dominado por Beltrones.
Así, casos como los de Aguas Blancas, que tumbaron a un secretario de Gobernación en 1997, Emilio Chuayffet Chemor --por cierto uno de los que hoy encabeza la oposición a quitarle esta facultad a la Corte--, o eventos tan reprobables y trágicos como los de Atenco o la guardaría ABC, donde murieron 49 niños y cuya responsabilidad recae en el entonces director del IMSS, Juan Molinar Horcaditas y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, ya no los indagará la SCJN, sino la CNDH, que podrá llamar a comparecer, solicitar intervención de llamadas telefónicas, cateos y todo lo que puede hacer un Ministerio Público para llevar a buen término una investigación.
Las decisiones de la Corte en estos casos siempre han tenido un gran impacto político y, aunque sus resoluciones no son vinculatorias, es decir, no obliga a las autoridades a hacer pagar a quienes la Corte considere como responsables de las violaciones, sí ha significado un equilibrio político ante los abusos de los gobiernos estatales.
Ahora, al quedar estas decisiones en la CNDH, quien tendría una nueva herramienta política para investigar o no a un funcionario, sería el grupo político que haya impuesto al presidente de la comisión o quien tenga los suficientes elementos para presionarlo y obligarlo a que determine en tal o cual sentido.
El proceso de elección de Raúl Plascencia, presidente de la CNDH en el Senado de la República, fue operado por uno de los legisladores más cercanos a Beltrones: el tijuanense Fernando Castro Trento. De ahí que hoy la CNDH esté considerada como un coto de poder del senador Beltrones.
Por lo menos lo anterior es lo que observan y consideran algunos grupos del PRI de la Cámara de Diputados, de suerte que este elemento hace todavía más difícil que se podría convocar a un periodo extraordinario para avalar la iniciativa, que aumentaría el poder de uno de los contendientes a la candidatura presidencial.
El otro punto es que uno de los grupos al interior de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados no quiere por ningún motivo que pase la Ley Nacional de Seguridad. ¿Será que algunos generales están pensando que es mejor seguir actuando en la ilegalidad que con un freno de mano?
Como sea, todo indica que, ni aunque no se presenten conflictos poselectorales, no hay las condiciones políticas al interior de la bancada de los diputados del PRI para convocar a un periodo extraordinario y aprobar ambos temas. Además, resulta casi imposible pensar que no habrá problemas electorales, sobre todo en Oaxaca, Sinaloa e, incluso, Puebla. Por lo menos eso es lo que se observa en el Revolucionario Institucional.
Publicado en la edición de la revista Proceso de este domingo 13 de junio.
