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La salida inmediata de toda fuerza gubernamental de la mina de Cananea, porque tanto su ingreso violento como su permanencia, además de ser una ofensa al pueblo de México, son una violación al estado de derecho, señaló Olegario Carrillo Mez.
El dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas (Unorca) sostuvo que los huelguistas de Cananea deben recuperar inmediatamente su fuente de trabajo.
Es lamentable, sostuvo, que la situación social en el país esté llegando a extremos peligrosos debido a la cerrazón, intolerancia e incompetencia gubernamentales.
En la más pura tradición porfirista, afirmó, el gobierno ratificó una vez más su vocación represora al desalojar violentamente a los mineros de Cananea, en vez de optar por el diálogo y el respeto a los derechos laborales, como es su obligación legal.
Se trata de una embestida brutal contra los trabajadores, consideró, a favor incondicionalmente de los grandes grupos de poder.
“Una sola familia, los Larrea, vale más para el gobierno que miles de familias cananenses”, dijo.
La de los mineros ha sido una larga lucha que llevó al desgaste físico, económico y emocional a miles de trabajadores, afirmó, cuyas demandas legítimas de seguridad laboral y mejores salarios nunca fueron atendidas.
“Por el contrario, las agresiones verbales, cuando no el desdén oficial, culminaron con la intromisión de la policía federal, apoyada por elementos estatales y municipales, mediante la fuerza, las armas y el uso de gases lacrimógenos.
“Vaya manera de celebrar el año del centenario de la Revolución que tuvo a Cananea y al gremio minero entre sus más notables precursores”, manifestó.
Debe el gobierno garantizar el respeto absoluto a la ley, al derecho de huelga, a los derechos humanos y a las conquistas sociales de la clase trabajadora, enfatizó, que fueron obtenidos mediante muchos años de lucha y sacrificio.
