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Ciudad de México.- Tras de que el día de ayer venciera el plazo que dispuso Grupo México para que los extrabajadores de la mina de cobre de Cananea pasaran a recoger su liquidación en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Hermosillo, Sonora, los trabajadores señalaron que de los mil 30 extrabajadores de la mina de Cananea, Sonora, sólo 40 han pasado a cobrar este finiquito.
El vocero de la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero, Antonio Navarrete, dio a conocer dicha cifra y señaló que los trabajadores que así lo hicieron fue porque tenían otra opción de trabajo o su necesidad económica era mucha.
Por su parte, Javier Zúñiga, secretario del trabajo de esta organización sindical, agregó que ante la negativa del Gobierno mexicano a respetar los derechos de los trabajadores, la instancia estudia la posibilidad de recurrir a organismo, internacionales como la Organización Internacional del Trabajo e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aseguró que el gobierno panista y el secretario del trabajo Javier Lozano han sido insensibles a la clase trabajadora, actitud que se nota también en el manejo de otros asuntos sindicales como el del extinto Sindicato Mexicano de Electricistas.
"Estas acciones les cobrarán la factura al Gobierno en el poder en las elecciones de menos de un mes", aseveró Zúñiga, quien consideró que la fecha límite para recoger los finiquitos es otra de las tretas de la empresa y de la Secretaría del Trabajo, que no han obtenido los resultados deseados.
"Nosotros creímos que a partir de la llegada del gobierno panista al poder, con Vicente Fox, las cosas iban a cambiar y resulta que a los trabajadores no nos dejaron ni siquiera el cambio en las bolsas", sostuvo el dirigente.
Por su parte, Navarrete aseguró que quienes aceptaron la liquidación lo hicieron por necesidad y falta de atención médica para ellos y sus familias, pues desde hace tres años que inició el conflicto no han recibido ingresos.
Sin embargo, dijo, el resto de los trabajadores, en asamblea optaron por rechazar la liquidación y las ofertas de la empresa y del Gobierno federal.
