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En vez de recibir justicia ante su denuncia de la ilegalidad de los retenes policiacos en Cajeme, el abogado Carlos Amaya Guillén exigirá a su universidad, mediante Profeco, la devolución de su garantía.
Y es que, afirma, en la maestría de Derecho Constitucional siempre le enseñaron que ese tipo de retenes son anticonstitucionales, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no lo ve así.
En una carta dirigida al primer visitador de la CEDH, Aldo René Saracco Morales, el quejoso dice que más bien habrá de “pedir perdón” al alcalde Manuel Barro Borgaro por “haber cometido la osadía de solicitar la investigación” y defenderse ante los actos de la policía local.
“Lo que me queda claro es que en Cajeme no hay ninguna violación a las garantías. Me equivoqué”, asienta en tono sarcástico el abogado.
También ironiza:
“Pido perdón al alcalde y su secretario de Seguridad Pública por conducir mi vehículo en estado de ebriedad, ya que con ello estoy limitado de mis garantías. No tengo perdón de Dios”.
De igual forma le pide al presidente municipal perdón por vivir en esta ciudad, pero ya está buscando dónde establecerse.
“Y pido perdón a Cajeme por haber votado por ustedes. Ni modo, siempre me equivoco.
“Y en relación a la presente denuncia me doy por desistido de la misma, ya que tengo mucho trabajo para estar perdiendo el tiempo en problemas que simplemente son evidentes y de la fe pública y, si quieren, háganlo y si no, que la nación se los demande”, refiere.
