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Mientras que el gobierno federal quiere reducir el presupuesto del próximo año para el campo en un 19%, "los senadores del PAN queremos que se mantenga igual en términos reales", aseguró Javier Castelo Parada.
En conferencia de prensa donde además refrendó su apoyo a las autoridades laborales que declararon inexistente la huelga en Cananea y la suspensión de derechos de los mineros, Castelo consideró necesario reformar las leyes laborales para dar más certidumbre a las empresas.
Sobre la iniciativa del gobierno federal para reducir el presupuesto al campo en un 19%, afirmó que no existe ninguna justificación para dicha medida que afectaría al sector agropecuario.
En números redondos, explicó, el presupuesto para el sector agropecuario en el 2010 es por 73 mil 368 millones de pesos (mdp), y para el próximo año la Secretaría de Hacienda sugiere que sean 59 mil 529 mdp.
Los senadores del PAN proponen que el próximo año se destinen al campo 73 mil 819 mdp, cantidad que en términos reales, considerando la inflación, significa mantener el presupuesto actual.
Es necesario mantener el nivel de estos recursos, dijo, para impulsar áreas estratégicas de la producción agropecuaria y pesquera, como el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, al que buscan duplicar los recursos con respecto a este año.
Lo mismo sería para la investigación y modernización del sector, por lo que se propone también duplicar los recursos destinados al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (Inifap) y a la tecnificación del riego.
Hizo énfasis en la necesidad de diferenciar la política de apoyos al campo de acuerdo con las dos realidades de la agricultura nacional, es decir, lo que requiere la agricultura de subsistencia que predomina en el sur del país y lo que demanda la agricultura más moderna del norte y otras regiones.
Los recursos adicionales solicitados serían además para fortalecer el extensionismo y ampliar los apoyos en casos de desastres naturales.
El caso Cananea
Castelo Parada refrendó su apoyo a las autoridades laborales que declararon inexistente la huelga de los trabajadores del sindicato minero sección 65 en Cananea.
"Con esto queda totalmente concluido el aspecto jurídico de este conflicto, el sindicato ya no tiene nada que hacer allí. La relación laboral está concluida por orden de un juez y por lo tanto no hay huelga", subrayó.
Hizo un llamado al Gobierno del Estado para que actúe de inmediato contra quienes cometan delitos del orden común "incluyendo al dirigente Sergio Tolano".
Si no se les castiga, expresó, la impunidad hará que crezcan los problemas en la minería sonorense.
Los mineros de la sección 65, agregó, ya están contaminando las actividades en las minas de Esqueda y Nacozari, y el daño no será a las empresas sino a los propios trabajadores.
"Por no aceptar la liquidación que les ofrecía el Grupo México, cada uno de los mineros despedidos dejó de recibir 1 millón 200 mil pesos de utilidades, además de los salarios caídos, donde se les ofrecían tres veces más de lo que señala la ley", comentó.
Perideron los salarios de tres años sólo por obedecer las órdenes que el líder Napoleón les envió a través de Tolano, afirmó.
La reforma laboral
El senador sonorense estimó que dentro de cuatro o cinco meses se podría aprobar la reforma laboral que actualmente se analiza en la Cámara de Diputados.
Una reforma muy necesaria, dijo, para facilitar la generación de empleos mediante el otorgamiento de más garantías y seguridad a la inversión empresarial.
Destacó como aspectos positivos de la propuesta la aprobación del trabajo por horas y la contratación de empleados a prueba que pueden ser rechazados sin que esto implique un costo para el empleador.
Asimismo se busca que los trabajadores no sean obligados a afiliarse a un sindicato sino que tengan libertad para decidir si lo hacen o no. Cada trabajador firmaría si está dispuesto a ser representado por el sindicato.
Aunque algunos sindicatos oponen resistencia a la reforma, deben entender que ésta no afectaría a los trabajadores que ya están afiliados a esas organizaciones gremiales pues se trata de aplicar las reformas en las nuevas fuentes de empleo, aseguró.
