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Mientras los gobiernos federal, estatal y municipal no atiendan y respondan a las demandas de la tribu yaqui, sobre todo la de territorio, seguirá el conflicto con la etnia.
Y es que la política indigenista ha sido exitosa para el Estado mexicano, pues en tan solo 62 años ha logrado eliminar culturalmente a más de 100 pueblos originarios, es decir, casi la mitad de lo que lograron 300 años de masacres y dominio español.
Los gobernadores de Vícam, Pótam, Ráhum, Huírivis y Tórim declararon que a 73 años de haberse demarcado el territorio yaqui por el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, aún no termina la lucha por el reconocimiento de sus linderos.
“Desde el origen de la nación mexicana hasta la actualidad, la lucha de la tribu yaqui por su territorio y por el ejercicio de derechos y poderes históricos ha sido una constante que marca su historia y mantiene su vigencia.
“La tribu yaqui como pueblo, ha ocupado como su territorio desde tiempos inmemoriales la extensión cuyos límites siempre han sido señalados como referencia y que marcan los linderos del territorio, que a partir de los acuerdos sostenidos con Lázaro Cárdenas, se definieron como los puntos naturales”, definieron.
Como puntos naturales, afirmaron, están aquellos que difícilmente pueden ser modificados por la acción del hombre y cuya referencia geodésica, la línea de mínima longitud que une dos puntos en una superficie, será siempre una delimitación científica de su territorio.
Hace 73 años
El 27 de octubre de 1937, refirieron, Cárdenas del Río dio un paso importante en el reconocimiento del territorio y también sobre sus derechos de agua en un documento que especifica:
“A la tribu yaqui se le concede toda la extensión de tierra laborable ubicada sobre la margen derecha del río yaqui, con el agua necesaria para riegos, de la presa en construcción de La Angostura, así como toda la sierra conocida por “sierra del yaqui”, a cuyos componentes se les proveerá de los recursos y elementos necesarios para el mejor aprovechamiento de sus tierras”.
El 19 de febrero de 1938 y el 12 de junio de 1939, afirman, se emitieron los acuerdos relaciones a estudios sobre el territorio y actividades a desarrollar y que desarrollan diversas dependencias.
Y el 30 de septiembre de 1940, el entonces presidente mexicano resuelve con más precisión los linderos que sirven de titulación a favor de la etnia.
Pero las primeras tareas de deslinde fueron postergadas por más de 26 años hasta 1966, recordaron y las acciones del gobierno posteriores nunca han sido satisfactorias.
“Continuamente han movido los linderos moviéndolos artificiosamente o cambiando los puntos naturales de referencia a coordenadas, condonando invasiones y achicando nuestro territorio”, refirieron.
El territorio forma parte de un sistema de integración cultural como Nación Yaqui, afirmaron, pero la cultura como población original sigue como desconocida para los “descubridores de América”, incluso se les sigue llamando con un nombre equivocado: los indios.
“A partir de la conquista se da fuerza al originario de América como un ser negado en su lugar social y humano, con un nombre que no le pertenecía, el que después resentía y resistía la acción colonial”, sostuvieron.
Moda europea
En la segunda mitad del siglo 18, dijeron, en Europa formularon una versión de visión histórica de México y cambiaron el concepto del indio “bárbaro” e “infiel” con que se le vio desde más de dos siglos antes.
“A partir de entonces, la cultura del mestizaje de los mexicanos que proviene de los criollos celebra el mundo prehispánico, aplaude la figura invisible del pasado de los pueblos originarios, pero sigue discriminando a los de carne y hueso”, aseguraron.
El pasado glorioso desapareció de manera más evidente, citaron, cuando para los mexicanos de pensamiento liberal del siglo 19, el renovar para el bien vivir sólo era posible por la propiedad privada y para que México entrara a la vida civilizada, la propiedad comunal debía desaparecer.
Despojo
“La ley de desamortización de 1856 obligaba a los pueblos indígenas a deshacerse de sus bienes a favor de los colonos invasores y arrendatarios de las mismas. De ahí se desprende el despojo de las tierras, de impulso al latifundismo y monopolios aun mayores”, recordaron.
Ya en tiempos del porfirismo, abiertamente, en una versión acomodada del positivismo, o sea libertad, orden y progreso, manifestaron, se llevaría hasta sus últimas consecuencias su aplicación, de acuerdo a la resistencia que los pueblos indígenas lo permitieron.
La revolución mexicana recordaría que los pueblos indios seguían ahí y los funcionarios de las nuevas instituciones ahora en su mayoría de mestizos, antes criollos, los que habían dejado de ser indígenas, se convirtieron en inmigrantes culturales dentro del mismo México.
A partir del México postrevolucionario, se concibe una política indigenista que procura su integración a la sociedad nacional, pero procurándole los medios de la modernidad.
Pero prevaleció un enfoque de simulación, pues en realidad no dejaron de ser observadas las etnias como expresión de atraso y sin nada a favor, puntualizaron.
En México la política agraria se caracterizó por el apoyo a las formas de tenencia ejidal y comunal y en impulso al cooperativismo, citaron, y se pensaba que los indígenas eran campesinos y no podían desligarse de la reforma agraria, además que las soluciones a los problemas de los indios debían partir de acuerdo a los preceptos del artículo 27 constitucional.
“La regulación de la tierra se convertía, desde la perspectiva de los teóricos indigenistas, en uno de los elementos principales para atacar al ´problema indígena´. Señalaban que el problema de los indígenas en México era de origen económico y que ´arreglando la cuestión de la tierra´ podrían ´mejorarse´ la economía y la organización socio-económica, además señalaban que debía prepararse al indígena “con una buena educación”, expresaron.
Todo igual
En el indigenismo mas reciente, también el indígena que trabaja en las instituciones indigenistas de las instituciones de gobierno, ya sea en el sector educativo, cultural, de agencias cercanas al ejecutivo estatal o a la CDI, adopta esa ideología que asume la política institucional y también el tutelaje para justificarse como poseedor de propuestas superiores.
“Pero también niegan las aspiraciones de los pueblos indígenas ante las demandas de reconocimiento de sujetos de derechos colectivos con poderes locales en las entidades federativas”.
El Estado mexicano ha accedido a conceder algunos derechos pero vigila escrupulosamente que no se puedan ejercer, destacaron, y después de años de lucha política, ha quedado claro que el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto de derecho público es fundamental en la actual lucha.
Es de interés de los yaquis encontrar una solución definitiva al asunto territorial, que lleve a reconstruir la relación de gobierno a gobierno a la que aspiran como pueblo, expusieron, y que vaya mucho mas allá de propuestas de alternativas financieras y técnicas.
El territorio, como el agua, representa un valor histórico, religioso y cultural que vincula la historia pasada y presente de los ocho pueblos, que la mayoría de las veces, ante una falta de sensibilidad al abordar la agenda territorial, hace retroceder lo que se ha avanzado, sostuvieron.
Ante el agotamiento de recursos legales internos, después de que la tribu interpuso un amparo en contra de la expropiación de La Cuchilla, y no tener respuesta favorable ante el poder judicial, se interpuso una demanda de petición contra el estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adscrita en la Organización de las Naciones Unidas, la cual está en proceso de admisión, refirieron.
Pero mientras los funcionarios como el subsecretario de la Reforma Agraria siga diciendo que el asunto de la tribu yaqui tiene inmovilidad jurídica, la lucha por el reconocimiento de sus linderos y del agua seguirá vigente, puntualizaron los gobernadores tradicionales.
