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Dos madres, Nieves y María Elena, mantienen su lucha de siete años por demostrar la inocencia de sus hijos involucrados en el robo a la empresa de seguridad Sepsa.
Nieves es madre de Rafael Murillo Guzmán y María Elena de Gregorio Delgadillo Gracia, los dos jóvenes guardias que trabajaron en la bodega de Sepsa aquel 9 de octubre de 2004, cuando ocurrió el robo más cuantioso que se registra en la historia de México (alrededor de 20 millones de dólares).
Rafael y Gregorio, junto Víctor Altamirano, estuvieron en ese lugar porque era su centro de trabajo, no podían haber estado en otra parte, y eso bastó para que les achacaran la responsabilidad del robo.
En ese año, el recién iniciado gobierno de Eduardo Bours tenía entre sus planes transmitir un mensaje de confianza a los inversionistas; por otra parte el pago del seguro a Sepsa requería un caso juzgado con culpables presos.
Y aunque los tres guardias podrían haber sido los menos interesados en robar algo que a ellos se les había encomendado cuidar, fueron ellos los tres presuntos culpables detenidos, enjuiciados y encarcelados.
Los tres tenían un perfil de gente trabajadora y honesta, por algo se les había contratado en esa empresa de seguridad.
Pero de nada valieron sus antecedentes ni el sentido común; sobre ellos se descargó todo el peso de la ley pues las autoridades fueron incapaces de detener a los otros sospechosos, hombres con perfiles más inclinados hacia el delito y quienes desaparecieron de la región una vez consumado el robo.
Desde entonces Rafael, Gregorio y Víctor, sus madres, familiares y amigos que los conocen como gente honrada, han luchado por la libertad, y cada vez sus argumentos de inocencia han topado contra un sistema judicial que desecha todas las pruebas.
Desde hace más de seis años, sus madres no han desistido de esa lucha, aún con las limitaciones que les imponen la edad, la pobreza y la frialdad de los funcionarios judiciales.
A otro inculpado, Ramón Márquez, ya se le concedió la libertad después de haber pagado a abogados.
María Elena y Nieves son demasiado pobres. No tienen para pagar ni los camiones ni la comida que llevan a sus hijos los días de visita.
Pero la esperanza no ha muerto.
Ahora, su más reciente intento fue acudir con el comisionado estatal de Derechos Humanos, Raúl Ramírez, quien les prometió hace seis meses que se iba a ocupar del caso.
Hace seis meses y no han tenido una respuesta, ni siquiera una nueva entrevista con el comisionado, cuyos asistentes y secretarias responden a las madres de Rafael, Gregorio y Víctor que "el licenciado no está, salió fuera de la ciudad, está ocupado...", y toda la palabrería burocrática que se utiliza en este tipo de situaciones.
"Para abril o para mayo", les habría dicho el comisionado de los Derechos Humanos. Ya pasó abril y nada. Va pasando mayo y nada.
Hoy, el mejor regalo que estas madres podrían tener no el 10 de Mayo, sería el anuncio formal de la próxima liberación de sus hijos, pero esa posibilidad aún no se ve cercana.
La burocracia judicial y la burocracia de los Derechos Humanos no entienden el dolor de estas madres.
