CD. DE MÉXICO.- Una mañana, al abrir la puerta de su negocio, Margarita Martínez Martínez encontró un mensaje escrito en papel. "Que te quede claro, en este asunto sólo tienes dos opciones", decía. "Te vas del país, y la segunda, que si publicas esta carta ya eres mujer muerta".
Martínez es defensora de derechos humanos en Chiapas, al sureste de México, y desde 2009 ella y su familia han recibido constantes amenazas de muerte.
Hace un par de años fue secuestrada y torturada. Los plagiarios pretendían que se desistiera de un juicio que había promovido por el allanamiento de policías estatales a su casa. Hasta ahora no se ha castigado a ningún responsable de la agresión.
Martínez no sólo publicó la carta, sino que llevó su caso, y el de decenas de periodistas y defensoras de derechos humanos ante el Comité de Naciones Unidas de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
El Comité evalúa este miércoles si el gobierno de México ha cumplido con sus compromisos de proteger de violencia y discriminación a las mexicanas, un tema controversial en este país.
Las autoridades informan de un avance significativo en acciones concretas para proteger a las ciudadanas, mientras que organizaciones civiles aseguran que el clima de violencia y agresión hacia mujeres periodistas, líderes comunitarias y defensoras de derechos humanos no cesa y en algunos casos está en aumento.
"No vamos a regresar"
Ante el Comité de Expertas, unas cien organizaciones civiles denuncian que las autoridades no suelen investigar las agresiones a mujeres, especialmente si se trata de activistas.
La impunidad, afirman, es uno de los problemas más serios en México. Y Margarita Martínez es un ejemplo.
Tras la última amenaza, la mañana del 30 de junio, el riesgo de morir asesinada aumentó a tal punto que su familia abandonó su hogar en Chiapas.
"Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni el federal nos han garantizado la vida y la integridad", dice en conversación con BBC Mundo.
"Se supone que las autoridades están para protegernos, que el Estado ha ratificado acuerdos internacionales donde se compromete a salvaguardar la vida de toda mujer, de todo ser humano. No lo ha hecho y por eso mi familia ha tenido que salir. Ya no vamos a regresar".
Casos de violencia contra mujeres abundan en México, afirman organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ambas ubicadas en Chihuahua.
Las organizaciones presentan ante el CEDAW un "informe sombra", como se llama a los reportes no oficiales y de los que se presentaron al menos 17 en la audiencia del Comité.
En su documento las organizaciones denuncian un aumento de 1.000% en los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y la capital del estado, Chihuahua.
"Desde 2008, el estado de Chihuahua tiene el mayor número de mujeres asesinadas por año en México", cita el documento.
"Varias de estas víctimas han sido defensoras de derechos humanos, como Marisela Escobedo y Josefina Reyes. Estos crímenes, como el 95% de los homicidios de mujeres en la entidad continúan impunes".
