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En la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se escogió el camino más costoso, engorroso y complejo. Esta ley es incompleta, porque incumple diversas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi), y llama la atención que se haya emitido al final de un gobierno que fue testigo de una expansión exponencial de los grupos criminales.
Lo anterior lo afirma el especialista Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, investigador de la Universidad de Columbia y profesor invitado de la UNAM.
Sintetiza: “Es una simulación, una vacilada”. Afirma que el mecanismo de perseguir el lavado de dinero deja fuera de la penalización a cerca de 80 por ciento de los casos, porque es muy difícil probar ese delito.
“Eso sólo se aplica a los casos obvios, donde la prueba cae de madura y es fácil detectar el producto, pero en la mayoría no es así; tendrían que aplicar figuras más ágiles”.
En entrevista, Buscaglia reconoce que la ley antilavado cumple sólo en parte algunas de las 40 recomendaciones sobre blanqueo de dinero propuestas por el Gafi, mecanismo internacional enfocado a combatir las acciones financieras de grupos criminales, el financiamiento al terrorismo y el lavado de recursos ilícitos.
–¿Qué recomendaciones no se cumplen?
–El problema es que el lavado de dinero en México es de tipo penal, que exige que alguien, a sabiendas, lave dinero. Esto hace que la figura penal sea muy difícil de aplicar; es costosísima, porque el material probatorio que exige al Estado tiene un costo muy elevado y en la mayoría de los casos se cae.
“En algunos países de la Unión Europea, en Estados Unidos, no se tipifica el requisito de a sabiendas. O sea, así como existe el homicidio culposo o el doloso, hay un nivel culposo del comportamiento que se clasifica.
"Las recomendaciones del Gafi sugieren la necesidad de establecer una coordinación entre las autoridades –la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda–, las tributarias o los auditores fiscales, así como las fiscalías estatales y federales, cosa que en México no se le presta atención.
“Si yo pregunto si los auditores fiscales están realizando auditorías en áreas empresariales de alto riesgo, como casinos, deuda y obra pública, si se está haciendo ese tipo de auditorías, coordinadas con Hacienda, se ríen en mi cara. No se hace absolutamente nada. Esa coordinación interinstitucional no se está implementando y no se está exigiendo a través de la ley de lavado de dinero.
“O sea, es una ley que no está ni tácita ni implícitamente exigiendo coordinación interinstitucional entre autoridades fiscales, penales y la UIF, con unidades de investigación patrimonial en las 32 entidades federativas.”
Según el especialista, sin los mecanismos de coordinación “estamos haciendo una vacilada y haciéndonos que hacemos, pero realmente no hacemos nada”. Critica que a pesar de la experiencia internacional, donde se ha observado que la investigación fiscal de los recursos sospechosos es lo más ágil para combatir ese tipo de delitos, no se aplica en la nueva ley.
Tampoco la extinción de dominio, que se ubicaría en un segundo plano en términos de dificultad para combatir el lavado de dinero.
“La extinción de dominio en México tiene causales muy limitadas y a nivel federal la ley exige la vinculación a la causa penal, con lo cual se echa por tierra el propósito mismo de la ley de extinción. La ley tiene que permitir al Estado extinguir el dominio patrimonial de un bien sin necesidad de asociarlo a un delito; en eso consiste la ventaja comparativa”, precisa.
–¿Por qué no se incluyeron estas figuras?
–Porque hay un pacto de impunidad. Llegarle a todos estos patrimonios es llegarle a las campañas de los políticos más importantes de todos los partidos. Los financiamientos de campaña excesivos, que violan los topes determinados por ley, vienen de empresas legales, no del Chapo Guzmán; vienen de empresas a veces fachadas que le están dando cash a PRI, PAN, PRD... a todos.
“No hay nadie que se salve. Cuando se empieza a auditar a esas empresas fachada, a través de mecanismos ágiles como el fiscal, le llegas a las campañas políticas tarde o temprano. Entonces hay un gran temor de la clase política, porque aún no han llegado a acuerdos puntuales, consensuados, de cómo combatir la corrupción. Ese temor de los partidos políticos de uno contra otro, hace que se paren estos mecanismos y no se quieran aplicar”.
