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Alcaldes del sur del estado presentarán una una controversia constitucional contra la construcción del acueducto Independencia, ya que la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el viernes pasado no es la definitiva, anunció Rogelio Díaz Brown.
“Los magistrados no otorgaron la acción suspensiva de la obra, considero que necesitan estudiar más el caso, investigar a fondo esta situación, los alcaldes del sur de Sonora vamos a presentar el recurso de controversia ante una amenaza como es ese acueducto, es nuestra obligación hacerlo”, subrayó el presidente municipal de Cajeme..
Díaz Brown recalcó que la resolución de la semana pasada no es en contra de la defensa del acueducto Independencia, sino a la petición suspensiva de la obra, motivo por el cual la lucha se mantiene y se fortalece con el apoyo de la sociedad cajemense.
“En unas semanas interpondré la controversia constitucional, ya que se está elaborando con documentos legales amplios, se reúne la información necesaria para detener esta obra que atenta contra el desarrollo del Valle del Yaqui”, resaltó.
Refuerzan lucha contra pandillas
En otro tema, el Alcalde manifestó que con el propósito de evitar eventos desafortunados que desencadenen en la muerte de algún ciudadano por pleitos de pandillas, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal reforzará las acciones preventivas.
“Desde que iniciamos la administración municipal no ha habido una muerte que tenga que ver con el crimen organizado, pero desgraciadamente se han presentado por riñas donde utilizan armas blancas como cuchillos”, explicó.
Es por ello, indicó el Presidente Municipal, se tomarán medidas preventivas que eviten conductas antisociales en la juventud de Cajeme y los jóvenes que ya integran alguna pandilla se les pondrán atención especial para evitar pleitos por territorio.
Avanza auditoría a la administración de Barro
Respecto al avance que presenta la auditoría realizada al interior del Ayuntamiento de Cajeme, Díaz Brown informó que estima tener los resultados en un periodo no mayor a dos semanas, sin embargo el plazo por Ley establece 90 días a partir de la toma de posesión.
“El proceso de auditoría continúa avanzando", indicó.
