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Cuerpos torturados, mutilados y con violencia sexual fueron lanzados a las calles, canales, vías del tren, cunetas de carretera, desagües (...) El saldo de Felipe Calderón: 4 mil 112 asesinatos de mujeres y 3 mil 976 desaparecidas sólo en los últimos dos años: “El fenómeno de ‘las muertas de Juárez’ se extendió por todo el país”, dice Yuriria Rodríguez Estrada, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Católicas por el Derecho a Decidir.
Los casos se fueron acumulando: las primas Arely Sarahí Montelongo Flores y Jeniffer Rodríguez Flores, ambas de 16 años, decidieron ir a una fiesta en Saltillo, Coahuila, un domingo del mes pasado. Tres días después sus cuerpos aparecieron con signos de tortura sexual y el rostro desfigurado, tiradas en un desagüe del municipio de García, Nuevo León.
Sólo en Nuevo León, este año fueron asesinadas 132 mujeres, y más de 500 niñas y jovencitas de entre 10 y 20 años están desaparecidas. “Hemos ganado dos amparos: en Nuevo León y el estado de México”, dice la abogada especialista en feminicidios antes de ofrecer una charla en Monterrey en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Se lo merecían”
Buena parte de las 132 víctimas de Nuevo León han sido expuestas en la vía pública y 40 por ciento no fueron identificadas, lo cual denota otro problema: la trata con fines de explotación sexual y laboral. Durante varias semanas, el número de crímenes se incrementó en el estado. El cuerpo de una mujer de 25 años fue localizado en medio de un canal de riego, 20 kilómetros al norte de Montemorelos; otra fue llevada a la orilla de unas vías del tren, donde fue asesinada a balazos en la cabeza y el tórax; otra lanzada a las calles de la colonia Coyoacán; una joven fue tirada en la cuneta del Libramiento Noreste con los pies atados y la cabeza cubierta con cinta adhesiva, y una más ultimada a golpes y tirada en una calle de Guadalupe con un mensaje... todas con huellas de tortura.
“Están siendo asesinadas cada vez con más altos índices de violencia y con mayor exhibición de sus cuerpos. Todo esto tiene que ver con un patrón social: tirar a una mujer torturada y asesinada en la calle significa que algo hizo. Ese es el mensaje que está dando el Estado”, comenta Yuriria Rodríguez.
Explica que “la mayoría de cadáveres hallados en lugares públicos en todo el país, y de los que se desconoce su identidad, pueden llegar a ser mujeres migrantes cooptadas por el crimen organizado y utilizadas para explotación sexual, como halcones o cocineras de algún grupo de la delincuencia, pero ellas no tienen nada que ver, aunque el Estado las involucre y afirme que 70 por ciento pertenecían al crimen organizado. Mentira”.
El incremento de la violencia feminicida durante el sexenio de Calderón va unido a la negativa de algunos estados de la República a declarar la alerta de género, mecanismo de acción urgente ante la falta de prevención para erradicar la violencia contra las mujeres, el cual fue rechazado por varios gobernadores sin argumentos jurídicos y sólo bajo la concepción equivocada de que se trata de un “castigo” o un “golpe político”.
Esta negativa de los estados de México, Nuevo León o Guanajuato ha provocado un aumento considerable en la violencia contra ellas: en Nuevo León, por ejemplo, los feminicidios crecieron 698 por ciento en dos años, según la organización Arthemisas por la Equidad, que denunció la deficiencia de las autoridades para investigar los homicidios.
De acuerdo con estadísticas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, a cargo de Adrián de la Garza, señaló que de 132 asesinatos de mujeres, 52 por ciento fueron resultado de la delincuencia organizada, pero sólo consignó a los homicidas en 30 por ciento de los casos.
“Las autoridades nos dicen que más de 70 por ciento de los casos que están documentando de estos crímenes son mujeres que fueron ultimadas por el crimen organizado, por tanto, afirman que son narcotraficantes y no investigan. Ese es el mensaje que mandan a la sociedad: como pertenecían al narco, no resolvemos los asesinatos”, dice Yuriria Rodríguez.
Los patrones discriminatorios de la autoridad han provocado el aumento considerable en los feminicidios y las desapariciones. “Son una especie de caldo de cultivo que genera los homicidios contra ellas y que siguen mandando este mensaje: a las mujeres las pueden matar en cualquier parte; para nosotros, se lo merecían, porque eran narcotraficantes y no habrá responsables. Sigan matando mujeres”.
La impunidad no ha permitido el acceso de las mujeres a la justicia. En el caso del asesinato de Rubí Marisol Frayre, hija de Marisela Escobedo, cometido por Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien fue ultimado hace unos días por el Ejército, la reacción del gobernador de Chihuahua, César Duarte, fue dar carpetazo al asunto: “Ya lo matamos, ya no investiguen. Al contrario, deben continuar las investigaciones para lograr una verdadera reparación del daño no sólo moral, sino con garantías de no repetición de este tipo de delitos”, comenta.
Alertas de género
El mecanismo existente en México para prevenir la violencia contra las mujeres, denominado “alerta de género”, es único en el mundo; surgió después del fenómeno de las llamadas muertas de Juárez, para evitar que se extendiera en todo el país, con base en la coordinación de las autoridades estatales y federales y recursos económicos destinados para ello.
“Nosotros estamos identificando un contexto de violencia sistemática en diferentes estados de la República, donde convergen varios factores: cruce de migrantes internos y externos, altos indices de violencia contra el sector femenino, no sólo en materia doméstica, sino en la comunidad; índices de feminicidio y, sobre todo, en estados donde hay falta de control de las fuerzas armadas y policiacas”, explica Yuriria Rodríguez.
Los mayores índices de violencia contra ellas se presentan en Chihuahua, Veracruz, estado de México, Nuevo León, Morelos, Chiapas y Guerrero: “Las alertas significan mayor atención del Estado, recursos federales y acciones para erradicar las agresiones contra ese sector de la población”.
En el caso del estado de México, el ex gobernador Enrique Peña Nieto se negó a la alerta de género: “no había investigaciones ni sentencias; incluso, de mil casos, en 592 no se conocía la relación víctima-victimario. Si se hubiera metido una declaratoria de alerta se habrían generado protocolos con perspectivas de género y acciones para evaluar el trabajo de las fiscalías. No se hizo y allí sigue el mismo patrón sistemático de violencia contra las mujeres y cero acceso a la justicia. Se dieron cientos de carpetazos”.
Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, conformado por 50 organizaciones de 20 estados, Felipe Calderón tiene una deuda con las mujeres y debe saldarla antes de irse. Yuriria Rodríguez no tiene duda: “una de las cosas que debe hacer Calderón antes de irse es publicar la reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para garantizar la aplicación inmediata de la declaratoria de alerta, erradicar los feminicidios y salvaguardar la vida y la seguridad de las mujeres”.
