Según las autoridades tradicionales de la tribu, ocho días bastaron para que el gobierno federal y el estatal olvidaran el acuerdo firmado en la Ciudad de México el pasado 21 de enero que establecía que el agua se extraería del acueducto tras estudiar criterios técnicos, que sólo se haría cuando la capital sonorense, Hermosillo, estuviera en situación de emergencia y que se analizarían alternativas hídricas en la región.
“Para empezar, el acueducto está en operación. No se respeta que la extracción de agua para Hermosillo sea sólo en momento de emergencia, que eso ocurre en temporadas de calor, de altas temperaturas. Ahora mismo están extrayendo agua y no están en una emergencia. Seguimos en espera de estudios de afectación a la tribu y en cambio nos están llenando de propuestas de programas asistencialistas”, dijo Tomás Rojo, vocero de la Tribu Yaqui.
Tras la firma del convenio el 21 de enero, se estableció que el gobierno estatal entregaría a Conagua la operación del acueducto y que a más tardar tres días después se establecería un convenio de operación para establecer los volúmenes mínimos de abastecimiento para consumo humano, los volúmenes para la Tribu, la forma de supervisión del acueducto y los lineamientos de participación de la misma etnia para el cuidado de la cuenca del Río Yaqui.
El 23 de enero, Conagua, el gobierno de Sonora y el ayuntamiento de Hermosillo firmaron ese convenio y acordaron que el volumen mínimo garantizado para el municipio será de 30 millones de metros cúbicos anuales. La Tribu argumenta que esta decisión se tomó sin hacer el estudio de los criterios técnicos y legales que se establecieron en el documento firmado en la Secretaría de Gobernación apenas dos días antes y que a la etnia no se informó cómo fue que se determinó la entrega de esa cantidad.
Sobre estudiar alternativas hídricas, Conagua informó al gobierno de Sonora y al ayuntamiento de Hermosillo que éstas no existían y validó el uso del acueducto, lo que para la Tribu implica una violación más al acuerdo firmado el 21 de enero pasado.
Finalmente, el gobierno federal, estatal y municipal, acordaron que la vigilancia sobre las operaciones del acueducto se llevarían a cabo a través de un comité hidráulico, lo que los yaquis consideran una forma de dejarlos fuera de la supervisión adecuada de la cuenca del río.
La consulta pendiente
“El gobierno federal no cumplió con el acuerdo de Bucareli, lo que se acordó en esa mesa en Gobernación no fue respetado a cabalidad. Pero tienen que considerar que esos acuerdos de ninguna manera sustituyen el modelo de consulta que está pendiente porque ahorita ellos están operando el Acueducto Independencia sin la conclusión de la consulta”, dijo el vocero de la Tribu Yaqui.
Según Rojo, el gobierno federal está explotando el acueducto —que inició operaciones en abril pasado— y ofreciendo programas asistencialistas mientras en la tribu se lleva a cabo el proceso de consulta para saber si ellos están de acuerdo o no con la obra hidráulica.
El tema de la consulta es otro de los temas que han confrontado a la tribu con autoridades estatales y federales. En mayo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que se violaron los derechos de la etnia con la construcción del Acueducto Independencia, pues pese a que éste pone en riesgo sus derechos naturales, no se les tomó en cuenta.
La Corte ordenó a la Semarnat realizar una consulta a la Tribu Yaqui para que ellos indicaran si estaban a favor o en contra de la obra, tras haber recibido información clara y precisa sobre los beneficios y posibles daños a su entorno.
En diciembre un juez de distrito de Sonora sancionó a la Semarnat por no cumplir con la orden de la Suprema Corte, por lo que en el acuerdo del 21 de enero entre el gobierno del estado, el gobierno federal y autoridades tradicionales de la tribu se puso como límite tres meses para concluir la consulta.
El vocero de la Tribu Yaqui destaca que esta consulta se está realizando con la obra no sólo ya terminada, sino en operaciones y mientras el gobierno federal realiza visitas a la región para ofrecer “lo que hace más de 20 años no se veía”.
Si bien el convenio del 21 de enero firmado en Gobernación marca que las autoridades federal “garantizarán el desarrollo económico, productivo, de bienestar social, cultural, ambiental y de infraestructura básica” de la tribu, Rojo dice que “de ninguna manera eso implica la sustitución de lo que nos corresponde por derecho por programas asistencialistas”.
El 5 de febrero pasado, integrantes de la etnia yaqui escucharon de instancias como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, propuestas para que los integrantes de la tribu se vieran beneficiados de apoyos para el campo, para madres solteras o para adultos mayores, para indemnizar el daño provocado por la obra, según confirmó la Secretaría de Gobernación.
Esta es la primera vez que en México se realiza una consulta a un pueblo indígena en respuesta al derecho a la información y participación en la construcción de obras de infraestructura que afecten sus derechos naturales y de territorio.
La Tribu Yaqui argumenta que para completar la consulta requieren información clara y precisa que ha sido solicitada al gobierno federal y estatal a través de 28 puntos que incluyen datos de impacto ambiental, antropológico y social. Según la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui, hasta la fecha sólo se han entregado datos para satisfacer la demanda de dos puntos.
El conflicto en la región inició en enero de 2010 cuando la Tribu Yaqui se opuso al programa hídrico Sonora Sistema Integral (Sonora SI) que fue propuesto por el gobernador panista Guillermo Padres para satisfacer de agua a la ciudad de Hermosillo.
La obra central del Sistema es el Acueducto Independencia, que con 152 kilómetros de longitud trasvasa agua a Hermosillo, capital del estado, desde la presa El Novillo, que forma parte del río Yaqui
Tomado: www.animalpolitico.com