CD. DE MÉXICIO.- En México aún existe una situación generalizada del uso de la tortura como mecanismo de investigación criminal, dijo el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de la Tortura, Juan E. Méndez, al concluir su visita de 12 días al País.
Es una práctica generalizada, dijo, porque parece que entre todas las instancias de Gobierno se ha normalizado la tortura y los malos tratos, como insultos, amenazas, golpes, violencia sicológica e incluso el uso de toques eléctricos y de bolsas para asfixiar, en algunos casos.
Destacó que las detenciones violentas y el apremio por obtener información son comunes entre autoridades de los tres niveles de Gobierno y se observan con mayor regularidad entre los más vulnerables: pobres, indígenas, mujeres y adolescentes.
El funcionario de la ONU detalló que la mayoría de los detenidos son personas de escasos recursos que no tienen acceso a abogados particulares, y carecen de defensores públicos al momento de su detención.
Méndez también afirmó que el mayor número de casos en los que se presume se comete tortura ocurre entre la detención y la puesta a disposición de un probable responsable ante el Ministerio Público. Indicó que la tortura en general se produce en vehículos, en traslados y en casas de seguridad, antes de que las víctimas sean presentadas ante un juez, además de que las detenciones con frecuencia van acompañadas del ingreso a viviendas sin orden de cateo, así como destrucción y robo de propiedad privada.
Y en este contexto "la carga de la prueba suele recaer sobre la persona que alega ser torturada", manifestó el relator.
Aseguró que los actos de tortura que se cometen en el país normalmente quedan en la impunidad y que hay una tendencia a primero detener y luego investigar los delitos, lo que incrementa la vulnerabilidad de los detenidos.
Durante la conferencia de prensa en la que presentó sus conclusiones y recomendaciones preliminares, el funcionario pidió al Gobierno mexicano poner fin al ciclo de impunidad en los casos de tortura.
Asimismo, expresó que confiaba en que el Estado mexicano elimine la figura del arraigo antes del 2016.
El relator especial terminará su informe en tres o cuatro semanas, al cual agregará una serie de recomendaciones para remitirlo de forma privada al Gobierno federal. El Estado mexicano tendrá 30 días para dar una respuesta a las observaciones realizadas.
Méndez dijo que no recibió denuncias sobre presuntos casos de mal uso de la fuerza pública en protestas o manifestaciones públicas, como la del 1 de diciembre de 2012 y 2 de octubre de 2013.
El funcionario de Naciones Unidas señaló que entre los pendientes que tiene el País están fortalecer la figura de la defensoría pública a nivel local, garantizar una adecuada atención de las víctimas, realizar investigaciones prontas y expeditas en caso de presuntas violaciones a los derechos humanos, garantizar el derecho al debido proceso, homologar el tipo penal de tortura a nivel nacional, regular el uso legítimo de la fuerza pública, disminuir la utilización del arraigo, combatir la sobrepoblación en los penales y mejorar las condiciones de los mismos.
Durante su estancia en México el relator viajó a varias regiones del País, incluyendo la Ciudad de México, Nuevo León, Chiapas y Baja California, donde visitó prisiones, estaciones, policiales, hospitales psiquiátricos, y el Centro Nacional de Arraigo, entre otros sitios.
Uno de los temas que Méndez consideró preocupante en este informe preliminar fue el la violencia contra mujeres y adolescentes en reclusión, tópico que conoció por los numerosos testimonios que recabó.
Durante esas visitas, Méndez sostuvo más de 35 reuniones con cerca de 100 servidores públicos, incluidos el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; la Secretaria de Salud, Mercedes Juan; y funcionarios de alto nivel de las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina y de Relaciones Exteriores.
No obstante que agradeció el apoyo de las autoridades para facilitarle la entrada a diversos espacios, Méndez lamentó que le fuera negado el acceso a la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General.
