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La remoción de Emrique Martínez Preciado como director general de la Comisión Estatal del Agua fue ocasionada por su condición de delincuente no porque el gobernador del Estado lo requiera como asesor, aseguró Abel Murrieta Gutiérrez.
"No es un cambio de trabajo sino la decisión de un juez que castiga a Martínez Preciado por desacato en el asunto del acueducto Independencia", añadió el diputado local.
Murrieta Gutiérrez afirmó que en los próximos días se conocerán más resoluciones judiciales en contra de quienes impulsaron el proyecto del acueducto, todos ellos funcionarios del Gobierno del Estado.
"Porque Martínez no actuó solo sino que obedeció órdenes de alguien", comentó.
Ahora el exdirector del CEA deberá presentarse ante un juez y declarar; añadió Murrieta.
Sin embargo, dijo, Martínez no entrará a la cárcel porque el delito del que se le acusa implica una pena que puede cubrirse con el pago de una fianza.
Murrieta se molestó cuando un reportero le preguntó qué comentario merece el apoyo de Manlio Fabio Beltrones al proyecto del acueducto. "No tengo ningún comentario", respondió.
Asimismo rechazó opinar sobre el proceder de delegados del Gobierno Federal cuyo proceder ha suscitado críticas por parte de los yaquis.
Prefirió atribuirle esa responsabilidad al movimiento contra el acueducto, "y lo que ellos decidan yo lo voy a apoyar".
Abel Murrieta junto con los también diputados locales Abrahahm Montijo y Alfredo Carrazco participaron en una conferencia de prensa realizada en la sede del PRI (calle Sinaloa al sur).
Los tres diputados aseguraron que la construcción del Ramal Norte del acueducto, en Hermosillo, no es para beneficio de la población sino para terrenos baldíos que pertenecen a funcionarios estatales.
Y ahora el Gobierno del Estado quiere culpar a los opositores del posible cierre del acueducto, señalaron los diputados locales.
