Los alcaldes de los siete municipios de Sonora afectados por el derrame de químicos de la mina Buenavista del Cobre de Cananea exhortaron a Minera México, subsidiaria de Grupo México, a reunirse con ellos en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para “buscar una solución consensuada y un plan de trabajo que permita responder a las urgentes necesidades de los involucrados”.
Por medio de un desplegado publicado este domingo en la prensa local, los presidentes municipales de Aconchi, Ures, Baviácora, Arizpe, Huépac, Banámichi y San Felipe de Jesús, denunciaron que el daño ocasionado por la mina propiedad del corporativo de Germán Larrea ocasionó “gravísimos daños ecológicos, afectó a la ganadería, la agricultura, el comercio, la salud y la estabilidad económica y emocional de los pobladores”.
Exigieron que los ríos Bacanuchi y Sonora sean “reparados a la mayor brevedad posible, además de proceder a la extracción de desechos tóxicos y metales pesados del lechos de los ríos y otras medidas de saneamiento y prevención de derrames”.
Los ediles destacaron que, independientemente de la responsabilidad de Grupo México, “sea por el hecho ilícito que por responsabilidad objetiva y la inadmisible afirmación de que no se trataba de residuos peligrosos”, el hecho es que la empresa propuso en el desplegado “la implementación de un plan que de manera coordinada premian conocer y validar las posibles afectaciones en materia agrícola y ganadera en la región, que hubieren sido provocadas por la filtración, para su consecuente reparación”.
