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HERMOSILLO.- El Gobierno del Estado anunció el rompimiento de relaciones institucionales con la mina Buena Vista del Cobre de Grupo México al detectar que sigue operando de manera irregular tras las suspensiones y cometiendo un delito ecológico al hacer descargas deliberadas de tóxicos al Río Bacanuchi tras el derrame que afectó a más de 25 mil pobladores del Río Sonora.
“El Gobierno del Estado rompe totalmente con cualquier tipo de relaciones con la empresa minera de Cananea”, aseguró Carlos Arias titular de la Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora (UEPC).
Denunció además que Buena Vista del Cobre violó sellos de clausura impuestos por Protección Civil al incumplir con el diagnostico de riesgos que por ley debió presentar en la ampliación de trabajos que viene haciendo a su planta concentradora de cobre.
Estos trabajos tampoco tienen permiso de uso de suelo por parte de las autoridades municipales ni licencia de construcción.
Dijo que la empresa negó en dos ocasiones el acceso a los inspectores de UEPC para verificar y constatar el cumplimiento de las sanciones impuestas, siendo el día 18 de septiembre la última ocasión en la que les fue negado el ingreso a la mina, por lo que se inició un proceso legal que puede incluir el uso de la fuerza pública para hacer valer la ley.
“Independientemente del proceso legal que ya iniciamos, vamos a volver a ir y vamos a entrar con la fuerza pública. La próxima vez que yo vaya a la mina de Cananea voy a ir con la fuerza pública y voy a entrar a verificar que se cumplan las sanciones que Protección Civil ordenó”, advirtió el funcionario estatal.
Dijo que no es posible que una empresa siga haciendo esta serie de tropelías contra la autoridad en franco desacato y en perjuicio de más de 25 mil sonorenses que ya resultados afectados por el derrame de tóxicos de esta mina.
Carlos Arias mostró fotografías tomadas el 24 de agosto donde se observa equipo de bombeo de la empresa para hacer descargas al arroyo las Tinajas y de ahí al Río Bacanuchi, sobre el represo provisional que se construyó el 07 de agosto para contener el derrame, lo que consideró “una acción criminal de la empresa”.
Señaló que este derrame deliberado ya fue notificado a las autoridades federales mediante denuncia a la CONAGUA y PROFEPA el 03 de septiembre para que se integre al expediente que se sigue en contra de la empresa y deslindar responsabilidades de tipo civil y penal.
Por otra parte, Carlos Arias informó que se verificará el programa interno de protección civil que la empresa debe tener y que la autoridad responsable, en este caso la Unidad Estatal de Protección Civil, no tiene de parte de la mina.
“La mina está obligada a cumplir con la ley, sobre todo en algo delicado como es la protección de sus propios trabajadores”, apuntó Carlos Arias.
Según estimaciones, dentro de la mina laboran entre dos mil a tres mil trabajadores que estarían en riesgo al no contar con este programa interno de Protección civil.
