Con apego a las disposiciones federales, pero también preocupados por la falta de recursos para despedir a 300 policías o capacitar a sus sustitutos, atiende el Ayuntamiento el caso de los agentes que supuestamente no pasaron el examen de control y confianza (C3).
El Presidente Municipal de Cajeme, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, manifestó que hay incapacidad financiera para despedir masivamente a los elementos, pero también existe preocupación por las familias de esos elementos que se quedarían sin trabajo.
Por un lado, hay que analizar cómo se supliría a tan grande número de policías que se necesita en las calles para combatir los delitos, expuso.
Pero también se requeriría que una instancia federal realice las evaluaciones los agentes señalados, destacó, pues no existe confianza en la instancia estatal que tuvo en sus manos tal diagnóstico.
Al tenerse un plazo fatal para despedir a quienes no pasaron el examen, sostuvo, se tiene confianza en que el Gobierno Federal pueda coadyuvar con el municipio y haya una salida digna para todos y en especial para la sociedad, que no debe quedar desprotegida.
Todos los alcaldes del país están preocupados por esta situación, manifestó, pues esta instancia no está preparada económicamente para asumir un costo de esa magnitud.
Díaz Brown Ramsburgh puntualizó por otra parte que se seguirá platicando con trabajadores despedidos de Oomapasc para saber sus puntos de vista, pero de cualquier modo están en su derecho de acudir a las instancias legales, cuyos dictámenes serán plenamente acatados.
