CD. DE MÉXICO.- Especialistas de la Organización de las Naciones Unidas se mostraron “preocupados” porque buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad son administrados por un ente privado, como el Teletón (Televisa).
“Al Comité le preocupa que buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad sean objeto de administración en un ente privado como Teletón. Además, observa que dicha campaña promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad”, señaló el informe.
Esta es una de las recomendaciones más destacadas que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace en su informe sobre México, el cual fue publicado el pasado viernes 3 de octubre después que la ONU examinó a México los días 16 y 17 del pasado mes.
Asimismo, el Comité instó al estado mexicano a que establezca “una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad”, y le recomendó “desarrollar programas de toma de conciencia sobre las personas con discapacidad como titulares de derechos”
En cuanto a la esterilización de personas con discapacidad “sin su consentimiento libre e informado”, la ONU refirió que tiene conocimiento de que esta práctica se lleva a cabo en instituciones como Casa Hogar Esperanza, donde, “según fue informado este Comité, se recomiendan, autorizan o aplican esterilizaciones forzadas o realizadas bajo coerción a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad“
“El Comité pidió al estado iniciar procesos de investigación administrativa y penal a las autoridades judiciales y sanitarias e instituciones que recomiendan, autorizan o aplican esterilizaciones forzadas a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, y a que garantice el acceso a la Justicia y reparaciones para las víctimas”, señaló.
Otras de las preocupaciones que dio a conocer la ONU en su informe, es “el escaso acceso” a la justicia de personas con discapacidad de comunidades indígenas, y de mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia y abuso; y que la legislación mexicana “autorice la privación de la libertad de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial por motivo de su imposibilidad”.
En particular, la ONU dijo estar especialmente preocupada porque las personas con alguna discapacidad sean privadas de su libertad en instituciones psiquiátricas como parte de tratamientos médicos o psiquiátricos.
Es por eso que planteó al gobierno mexicano que elimine las medidas de seguridad que implican forzosamente tratamiento médico-psiquiátrico en internamiento, y derogue la legislación que permita la detención basada en la discapacidad y asegure que todos los servicios de salud mental se suministren con base en el consentimiento libre e informado de la persona concernida.
En cuanto al tema de la accesibilidad, el Comité recomendó adoptar medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y no solamente las nuevas edificaciones.
“Y diseñar e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público”, concluyó.
