CD. DE MÉXICO.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó un precedente negativo para los futuros desarrollos y obras que tienen que ver con el medio ambiente, al avalar el Acueducto Independencia, una obra que fue construida y opera de forma ilegal, dijo Andrea Ulisse Cerami, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
El miércoles, la SCJN resolvió sobre dos controversias que interpusieron los municipios de Cajeme y San Ignacio Río Muerto en Sonora, en torno a la operación de la obra más importante del gobierno del panista Guillermo Padrés Elías.
La Corte ordenó reponer el procedimiento de impacto ambiental y pasó por alto solicitar la cantidad de agua que se está extrayendo y la que se está quedando en la cuenca del río Yaqui.
“La decisión de la Corte es aberrante. No se puede dejar una obra sin Manifestación de Impacto Ambiental [MIA]. Nadie sabe cuánta agua se está extrayendo, nadie, no han hecho cuentas. La Corte no sólo da una mala impresión al sector ambiental, sino que envía una clara directiva jurídica de que se puede violar el Estado de Derecho en México”, dijo el activista.
De acuerdo con Ulisse Cerami, el acueducto obtiene agua de la cuenca del río Yaqui para llevarla a la cuenca del río Sonora desde marzo de 2013 aproximadamente.
La obra, que tiene un costo de 3 mil 860 millones de pesos, inició su construcción a finales de 2010 para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales del Río Yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) hasta la ciudad de Hermosillo a través de 172 kilómetros de tubería de acero.
Las autoridades no realizaron un estudio sobre el caudal ecológico que indique la cantidad de agua que se puede extraer dependiendo de los escurrimientos y la disponibilidad de agua.
No se realizó la MIA y tampoco se tomó en cuenta el derecho a la consulta de la Tribu Yaqui, tal como lo marca la Carta Magna.
Aún así, la Suprema Corte pasó por alto las controversias de los dos municipios más afectados por la extracción del agua.
“Con esto la Corte no resuelve la situación de los dos municipios y va a continuar la batalla y lucha jurídica. La Corte pudo redimir el conflicto jurídico y llegar al fondo del asunto, pero no lo hace y deja al gobierno federal el papel de decidir de fondo. El gobierno a su vez, toma como base lo que dice la Suprema Corte”, dijo.
Con la resolución emitida antier, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), debe solicitar en un plazo de 30 días reponer el procedimiento de impacto ambiental al gobierno de Sonora.
“Nosotros quisiéramos que el acueducto se cierre, porque está ilegal, pero es claro que el Estado no tiene voluntad de hacerlo. El estudio sobre el conteo del agua que se está extrayendo fue solicitado infinidad de veces a la Semarnat, que es el responsable de pedir apoyo a instancias como la Conagua [Comisión Nacional del Agua]”, explicó.
Cerami agregó que aún está pendiente el proceso de consulta a la Tribu Yaqui que la misma SCJN ordenó el 8 de mayo de 2013 a la Semarnat.
Sin embargo, desde julio del año pasado la consulta se encuentra detenida, debido a que la dependencia no ha entregado la información solicitada dentro de la etapa informativa, por lo que la sentencia a casi dos años, no se cumplió.
