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Al bloquear la iniciativa que hacía obligatoria la declaración patrimonial y fiscal de los funcionarios públicos, los senadores sonorenses Ernesto Gándara Camou y Anabel Acosta Islas actuaron en abierta contradicción con una de las decisiones más importantes del gobierno de Claudia Pavlovich, quien obligó a sus funcionarios a presentar dicha declaración y difundirla.
El 13 de noviembre de 2015, apenas a dos meses de haber asumido la gubernatura, Pavlovich recibió las declaraciones 3 de 3 de sus más cercanos colaboradores y ordenó se hicieran públicas el 30 de noviembre. Ella lo había hecho cuando aún era candidata, en el mes de mayo.
"La transparencia y la eficiencia no son actitudes que los servidores públicos tendrán como opcional, serán obligatoria en mi gobierno”, declaró Pavlovich ese 13 de noviembre.
Al cumplirse esta disposición surgieron comentarios de medios nacionales sobre la fortuna que exhibieron algunos funcionarios del gobierno sonorense, pero el ejercicio resultó alentador y Pavlovich se convirtió en un referente nacional de la lucha contra la corrupción y de la transparencia gubernamental.
Pero ahora, siete meses después, los senadores sonorenses de su partido, Ernesto Gándara y Anabel Acosta, en vez de ser congruentes con lo dispuesto en su Estado, aprueban el debilitamiento de las leyes anticorrupción, dando así la espalda a lo mejor del gobierno de Pavlovich.
Lo que sucedió en el Senado
David Marcial Pérez / El País
La mayoría del PRI en el Senado desactivó este miércoles la ambiciosa apuesta por la transparencia y rendición de cuentas. La información que deberán revelar los funcionarios queda ahora al arbitrio de un comité controlado a su vez por el Senado.
El diseño de las leyes anticorrupción mexicanas ya cuenta con su primer gran agujero.
De poco ha servido la masiva iniciativa ciudadana que pretendía obligar a los funcionarios a publicar su patrimonio, su declaración de impuestos y su relación con el mundo empresarial como antídoto frente al fantasma de los conflictos de interés.
La conocida como ley 3 de 3, que desbordó el mínimo de firmas requeridas y contó con el apoyo de amplios sectores de la academia e intelectuales, ha quedado muy descafeinada.
De madrugada y a la carrera, la cámara alta mexicana dio vía libre a la Ley de Responsabilidades Administrativas,una de las iniciativas anticorrupción que más atención había generado durante los últimos meses.
Agitada por la polémica compra de dos lujosas casas por parte de la esposa del presidente y el secretario de Hacienda a antiguos contratistas del Gobierno, la sociedad civil lanzó en febrero su iniciativa al corazón de la agenda política contra la corrupción, un mal endémico de México que le cuesta al país 19.000 millones de dólares al año.
Superado con creces el umbral de firmas necesario —logró 630.000 frente a las 120.000— el proyecto entró en el debate parlamentario. La demanda ciudadana era que la ley incluyera toda una batería de formularios –inspirados en los estándares internacionles– donde los funcionarios obligatoriamente tuvieran que revelar cuánto dinero y cuántas propiedades tienen, dónde y con quién han trabajado y demostraran que no han evadido impuestos y que están al corriente de sus obligaciones fiscales.
La pelota llegó impulsada por la oposición y con posibilidades de éxito al Senado, el penúltimo peldaño. Pero la mayoría priista, aliada con sus socios del Partido Verde, diluyó la ambiciosa propuesta.
“La versión final del texto recoge muchos elementos de la iniciativa, pero deja fuera el punto medular, que es la recogida de los formularios para que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales”, apunta Alejandra Zapata, investigadora del Instituto por la Competitividad (IMCO), una de las organizaciones impulsoras del proyecto.
El articulado de la ley ha incluido una salvaguarda para los funcionarios públicos al excluir “los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
El alcance de las declaraciones quedará ahora al arbitrio del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, un nuevo cuerpo burocrático aún por crearse y dependiente del Senado.
