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El gasolinazo es la punta del iceberg de una bomba llamada reforma energética, con la que se transita a un régimen de mercado neoliberal en la industria de los hidrocarburos, con el consiguiente desplazamiento del Estado mexicano, indicó Rosío Vargas, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM.
La liberalización del precio de las gasolinas y del diésel forma parte de esta reforma, con lo que se avanza en la instauración de un régimen de mercado que pretende la competencia nacional sobre bases regionales, lo que significa pérdida de soberanía energética y de control territorial.
En su participación en el coloquio El Gasolinazo en el contexto de la integración energética con América del Norte, en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET), dijo que la reforma constituye “la joya de la corona” que no logró Estados Unidos en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1992, pues abre áreas que antes eran consideradas estratégicas por el Estado mexicano, como el procesamiento industrial de los hidrocarburos y el acceso a las reservas petroleras.
Su implementación será a costa de la sociedad mexicana, con importantes riesgos para la seguridad energética del país, debido a que propicia la dependencia estratégica de las importaciones de derivados, petroquímicos y gas de la Unión Americana.
Haber entregado el petróleo ha propiciado repercusiones sociales (como el descontento por el gasolinazo) y tendrá grandes implicaciones que definirán el futuro e historia de México, sentenció Rosío Vargas.
Para el establecimiento de la reforma energética el gobierno modificó, desde 2013, artículos fundamentales y fundacionales de la Constitución (25, 27 y 28); el objetivo fue quitarle a Pemex su carácter operador; es decir, ser quien realiza los trabajos de exploración, explotación y producción.
La universitaria precisó que en la reforma está el modelo y objetivo de la liquidación de la paraestatal. “Le quitan dinero para inversiones, no le dan presupuesto, están liquidando a toda su planta; por muchos lados reducen la posibilidad de que sobreviva, cuando el mensaje era hacerla más competitiva”.
Se trata de un plan de Estados Unidos con perspectiva mundial, de un proyecto geopolítico histórico que busca el acceso a recursos como el petróleo, el gas y todos los hidrocarburos, y con la reforma energética logra ingresar al sector mexicano a través de los contratos petroleros.
La también profesora de relaciones internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) recordó que la Unión Americana produce casi 19 millones de barriles de petróleo al día, y México, utilizando su capacidad de producción, está en menos del 40 por ciento. “En realidad es un desmantelamiento de la capacidad de producción de Pemex”.
Nuestro país está en proceso de integrarse a una dependencia estructural muy profunda del mercado estadounidense de refinados, petroquímica y gas natural, sin contemplar las implicaciones y el costo que tendrá para el territorio.
“La seguridad energética ha estado excluida de la reforma y simplemente se ha manejado como una cuestión económicamente necesaria y una forma de quitar el monopolio a Pemex”, concluyó.
