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Autoridades de la tribu yaqui rechazaron la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de eliminar la obligatoriedad de consultar con los pueblos indígenas proyectos mineros, energéticos o hídricos, y sólo tomar en cuenta las manifestaciones de impacto ambiental.
En una reunión con integrantes de la Unión Social de Empresarios de México, el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, aseguró que buscan que la opinión de los indígenas sobre obras públicas o privadas en sus territorios no sea un impedimento legal para llevarlas a cabo.
Durante la década reciente, la etnia yaqui ha emprendido procesos judiciales contra grupos empresariales y gobiernos estatales, como el del panista Guillermo Padrés Elías, quien invadió sus tierras para realizar proyectos como el gasoducto Agua Prieta y el acueducto Independencia, que los despojó del agua.
Tomás Rojo Valencia, líder yaqui, aseguró que varios fallos de los tribunales han favorecido a la etnia, que sigue luchando para evitar que sus tierras sean invadidas y ellos puedan decidir sobre la explotación de sus recursos naturales. La iniciativa de los empresarios, advirtió, será combatida en las comisiones de asuntos indígenas de los congresos local y federal.
Nadie tiene derecho a despreciar a los indígenas y despojarnos del patrimonio natural. Va en contra de nuestros derechos, de nuestro territorio y modo de subsistir, declaró Rojo Valencia.
Rodrigo González, asesor legal de la etnia, sostuvo que de prosperar esta propuesta serían más frecuentes los abusos en contra de las comunidades indígenas que carecen de información sobre el valor de sus territorios y de asesoría legal para defenderlos.
Mencionó el caso de la empresa IEnova, que pretende comprar terrenos para un gasoducto en territorio yaqui y ofreció 56 centavos por metro cuadrado. Aun cuando cada hectárea cuesta alrededor de 10 millones de pesos, algunos pueblos vendieron a 556 pesos.
La posición de empresarios e inversionistas es obtener todo fácil. Las reformas estructurales energética y laboral tienden a facilitar todo al empresariado. Además de invadir territorio, IEnova pone en riesgo la integridad de las comunidades yaquis en ocho poblados y 180 rancherías con su tubería de gas, dijo.
Sostuvo que la Organización Internacional del Trabajo establece que en cada proyecto los indígenas deben de ser informados previamente, con la libertad de decidir, y de acuerdo con sus usos y costumbres.
http://www.jornada.com.mx/2017/05/05/estados/030n2est
