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El Gobierno mexicano espió entre enero de 2015 y julio de 2016 a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas a través del malware “Pegasus”, que en teoría sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas, reveló el informe “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos”.
La investigación realizada por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá, destacó que al menos tres instancias del Gobierno federal han adquirido este programa espía: PGR, el CISEN y la Sedena, esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de vigilancia.
Entre los blancos del programa, según el informe, se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, los periodistas Carmen Aristegui Flores y Carlos Loret de Mola, y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.
El informe es publicado este día por el diario estadounidense The New York Times, que además cita que cada infección exitosa tendría un costo que oscila alrededor de los 77 mil dólares.
Según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
Para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.
En agosto de 2016 los investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto documentaron el mecanismo mediante el cual el software “Pegasus” infecta los teléfonos inteligentes. Por lo general el ataque se realiza al enviar un mensaje de SMS dirigido a la persona objeto del ataque, con un texto que resulte imposible de no abrir y forzando a hacer clic en un enlace adjunto.
El software se apodera del teléfono celular del individuo y permite acceder a todos su datos y funciones, por lo cual es una herramienta autorizada solo para perseguir criminales o terroristas.
