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Con tono molesto, el empresario Javier Castelo Parada afirmó que a él no le pidieron su consentimiento para incluir su nombre como firmante de un desplegado periodístico dirigido al presidente Enrique Peña Nieto y cuyo contenido considera inexacto.
En ese desplegado, que se publicó en un diario estatal y en uno de la Cd. de México y está respaldado por organismos agrícolas e integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua, se solicita al Presidente que no se libere al exgobernador Guillermo Padrés Elías.
Castelo Parada externó su desacuerdo en atribuirle a la Procuraduría General de la República, como señala el desplegado, la responsabilidad de la inminente liberación del exgobernador sonorense al haber rechazado su facultad para impugnar el amparo que favorece a Padrés.
La Procuraduría (hoy Fiscalía) del Estado de Sonora pudo haberle fincado responsabilidades por delitos del orden común y no lo hizo en el mmomento debido.
"La Fiscalía del Estado debe proceder porque coadyuvó en la integración del proceso judicial y si no aportó lo suficiente, pues empezamos mal".
Además, dijo, perdieron ante el defensor de Padrés, el abogado y exprocurador Antonio Lozano Gracia, quien demostró que la Fiscalía era anticonstitucional porque su integración no fue correcta.
Respecto a la construcción de la desaladora Guaymas - Empalme que se menciona como una respuesta positiva al problema de escasez del agua, Castelo Parada puso en duda la viabilidad de dicho proyecto en un tiempo razonable.
"Se anunció que la desaladora estará lista posiblemente para fines de 2019, y esto va muy lento, luego viene otro gobierno federal y quién sabe qué apoyo dará al proyecto de una desaladora para la capital del Estado".
En los próximos años, dijo, la gente de Hermosillo va a luchar para que no le quiten el acueducto.
Debe hacerse valer el estado de derecho del que tanto se habla, expresó.
"Hay desacato de las autoridades que no cumplen con las órdenes dicatadas por un juzgado federal y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
No sólo estos desacatos a órdenes judiciales, agregó, también cuenta el desconocimiento de la Semarnat al dictamen establecido por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia que señaló los daños irreparables que el acueducto le ha hecho a las comunidades yaquis.
"Es decepcionante que no se concluya en base a lo que los tribunales determinaron. Hay muchas cosas que dejan qué pensar", concluyó.
