Elba Esther Gordillo y su manipulación del magisterio fueron fuerzas determinantes en las últimas tres elecciones presidenciales mexicanas. La polémica exdirigente vitalicia del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) estuvo cuatro años y diez meses en prisión acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada. Pero eso ha quedado en el pasado. La maestra, como se la llama, abandonó la cárcel en diciembre pasado al obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Gordillo busca ahora recuperar su influencia. Qué mejor momento para hacerlo que rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio.
Las campañas de los tres principales candidatos han emprendido una batalla para incorporar las estructuras del magisterio mexicano. Estas se encuentran divididas. En primer lugar está el SNTE con sus 1,6 millones de docentes afiliados y cuyo líder, Juan Díaz, quiere desmarcarse del pasado que representó Gordillo. “Hay que evitar la tentación de que los dirigentes piensen en asaltar el poder o de creer que… el SNTE es nuestro patrimonio personal o de familia. Eso no volverá a pasar”, dijo este lunes el dirigente, quien se encuentra en medio de un lío legal después de que un juez federal ordenara destituirlo. Otro actor importante es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), conformada por combativos maestros disidentes del sindicato. En medio se encuentra Gordillo y su círculo cercano a la espera de recuperar el poder de antaño.
Los políticos no solo están disputando un cuantioso botín de votos. También la capacidad de organización que aseguran los maestros la jornada electoral y la vigilancia de las casillas. Este último punto ha sido una de las obsesiones de Andrés Manuel López Obrador, quien en las dos últimas elecciones presidenciales (2006 y 2012) se ha visto superado por las estructuras corporativas de sus adversarios.
En esta elección, sin embargo, el candidato de Morena se ha mostrado más pragmático y dispuesto a sumar a operadores del magisterio vinculados a Elba Esther Gordillo. “Si los maestros y la gente cercana a la maestra Elba Esther está dispuesta a ayudar a la transformación del país, sin condiciones de ninguna índole, bienvenidos todos”, dijo López Obrador este martes al diario El Universal.
Esto representa un cambio de opinión. El 30 de enero de 2011, López Obrador llamó a Gordillo una “cacique sindical”. El político contó entonces en el Estado de México que la maestra le ofreció un acuerdo electoral para las elecciones de 2006. “Dije no. Queremos llegar [a la presidencia], pero con nuestra integridad y principios. No dejando trozos de dignidad en el camino. Si yo hubiera aceptado esa reunión con Elba Esther yo no podría estar hablando aquí, con mucha dignidad frente a ustedes”, dijo a sus simpatizantes en el municipio de Nicolás Romero.
El 10 de febrero el círculo cercano de Gordillo estuvo en un mitin de López Obrador en el Estado de Zacatecas. Entre ellos René Fujiwara, un exdiputado federal que es nieto de la exlideresa sindical y Fernando González Sánchez, exsubsecretario de Educación Pública y yerno de Elba Esther. A ellos se les suma el senador Rafael Ochoa Guzmán, quien fue secretario general del SNTE de 2001 a 2011 y que en 2017 llamó a votar por la candidata de Morena al Estado de México en una clara ruptura con Nueva Alianza, el partido del magisterio que lo llevó al Congreso.
Estos tres perfiles forman parte de Redes Sociales Progresistas, un movimiento magisterial que llama a sumarse a López Obrador y que pide romper con Nueva Alianza, un partido que se ha aliado con el PRI y la candidatura de José Antonio Meade rumbo a los comicios del verano. A finales de enero, este grupo presumió que más de 3.000 jóvenes del Estado de México han dejado el partido para sumarse a la campaña de López Obrador.
Morena parece haber reunido al agua y al aceite. Ha incorporado a quienes estaban en las antípodas en el tema educativo: a los miembros de la CNTE que lucharon contra el estilo autoritario de Elba Esther y al círculo cercano a esta, quien fue el claro objetivo de la norma constitucional de 2013.