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Los desmanes cometidos por grupos de mujeres contra las instalaciones del Poder Judicial el pasado domingo en Hermosillo pueden convertirse en un caso de impunidad, uno más de los que han resquebrajado el estado derecho en Sonora.
Esta impunidad que la gobernadora Claudia Pavlovich prometió combatir -"En Sonora el que la hace la paga"- ahora es ella misma quien deja entrever que el caso mencionado quedará impune.
En sus declaraciones respecto a la toma y vandalización de las instalaciones del Poder Judicial, Pavlovich se ha mostrado muy comprensiva con las causas que supuestamente motivaron ese delito, como la historia de discriminación de género, agravios y violencia impune que han padecido las mujeres.
Buena justificación pero un "delito es un delito" que debe ser castigado por la ley, y las declaraciones de la Gobernadora aluden a la necesidad de sumar, de no dividir, de solidaridad con las mujeres y la lucha feminista.
En resumen, una postura de comprensión como las que han proliferado durante los días recientes para congraciarse con el movimiento feminista y el anunciado paro del 9 de Marzo.
En términos similares se expresó el secretario de Seguridad Pública en el Estado, David Anaya Cooley, cuando le preguntamos si habría sanción para las autoras de los desmanes.
Anaya sólo respondió con evasivas:
"No, está muy claro el respeto a la libertad de expresión y este tipo de manifestaciones... Debemos impulsar políticas públicas para empoderar a la mujer, y en la disminución y eliminación de la violencia contra ella".
Y puntualizó:
"Las condiciones están para que este tipo de manifestaciones las canalicemos en buen diálogo...
No lo vemos como un caso de impunidad sino como una manifestación... obvio, debe haber respeto a las instituciones y sobre todo el Poder Judicial, sigue los casos de violencia contra la mujer, todo en pro de la mujer".
Hoy todos somos feministas y decir algo, aunque sea leve, en contra de acciones como las del domingo pasado en Hermosillo, se considera políticamente incorrecto, un riesgo para quienes ven a las mujeres como votos para la próxima elección.
Tal permisibilidad en contra de la ley, implica cuestionamientos como:
¿Acaso no estaba justificada la lucha de maestras y maestros que fueron reprimidos hace dos años por fuerzas gubernamentales? Ellas y ellos defendían su trabajo, el sustento de sus familias, y aún así fueron tratados con violencia y castigados con despidos laborales.
¿Acaso no estaba justificada la manifestación de los habitantes que defendían su comunidad en la costa de Hermosillo, acaso no merece comprensión la lucha de campesinos pobres contra cacicazgos que aún existen?
Y así podrían sumarse más luchas sociales que han sido reprimidas pese a los antecedentes que las justifican.
¿Han olvidado las autoridad que la impunidad genera más transgresiones a la ley, y de eso se alimenta el clima de violencia extrema que vive Sonora?
