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Es improcedente la solicitud que hizo el Gobierno del Estado ante la Secretaría de Gobernación para retrasar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, considera la Red Feminista Sonorense.
Dicha prórroga no tiene sustento legal, afirman integrantes de la Red que interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En un comunicado la RFS sostiene que recién se conoció la soolicitud que el Gobierno del Estado formuló en septiembre ante la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
La Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia establece seis meses para que las autoridades estatal y municipal atiendan las recomendaciones y remita a la autoridad federal su informe, y en el caso de Sonora, en vez de presentar dicho informe se pide prórroga, puntualiza el comunicado.
No existe una norma legal que sustente la petición del Gobierno del Estado, está de por medio la vida, la seguridad e integridad de mujeres sonorenses, protección y seguridad que el Estado está obligado a garantizar, agrega.
La violencia feminicida no cede, por el contrario, se agrava con más crueldad y atrocidades, dice.
"No se vale ocultar la realidad maquillando cifras que por sí solas se desenmascaran al reconocerse que aún prevalecen criterios no homolagados para la tipificación del feminicidio", denucnia la RFS.
