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ÑLa reforma ordenada por el presidente AMLO para suprimir los abusos del outsourcing es un logro social histórico que se niegan a reconocer aquellos que piensan que sólo explotando al máximo a los trabajadores se puede alcanzar el crecimiento económico del país.
Con ese argumento se permitió la implementación y crecimiento de la figura del outsourcing, la modalidad que suprimió conquistas laborales alcanzadas después de muchos años de luchas gremiales.
Así se profundizó la precarización del trabajo hasta convertir a México en uno de los países con peores sueldos y condiciones laborales para su clase trabajadora.
El outsourcing sirvió además a empresarios para evadir impuestos y obligaciones que impone la ley.
Ahora el gobierno de la 4T inicia la destrucción de este injusto sistema que aún muchos siguen justificando al considerarlo como una condición imprescindible para que haya más inversión empresarial en el país.
La revista Forbes ha puntualizado algunas de las características más importantes de la reforma.
Los principales impactos de la reforma laboral serán los siguientes, según Forbes:
Con excepciones específicas, se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
Sólo queda permitida la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria de los mismos.
Las empresas o patrones que recurran a la prestación de servicios especializados con un contratista que incumpla las obligaciones con sus trabajadores, serán responsables solidarios de los trabajadores implicados.
Las empresas que presten servicios especializados requerirán autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a ser renovada cada 3 años; además, quedarán inscritas en un padrón público.
Quedan permitidas las agencias de colocación, pero éstas sólo podrán intervenir en el proceso de contratación (reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otras actividades) y en ningún caso se considerarán como patrones.
La violación a las nuevas disposiciones implicará multas de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización; para este 2020, esos valores van de los 173,760 pesos hasta los 4 millones 344,000 pesos.
Los pagos por concepto de subcontratación de personal no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento; además, las irregularidades se procesarán como un delito de defraudación fiscal.
La reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2021, tras lo cual la STPS deberé expedir reglas y una vez publicadas éstas, las empresas prestadoras de servicios especializados tendrán 6 meses para obtener la autorización de la dependencia para ello.
Para lograr todo lo anterior, la iniciativa contempla cambios a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR y la Ley del IVA.
