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En su turno de comparecer ante la Comisión Plural de Cabildo, el exdirector de la empresa paramunicipal Promotora Inmobiliaria de Cajeme, Omar García, explicó por qué obtuvo una generosa liquidación económica al dejar ese puesto.
El monto del finiquito fueron 279 mil pesos, nada mal para el encargado de una paramunicipal que entregó en números rojos al grado de que la nueva administración debió adquirir un crédito para pagar salarios.
Durante la comparecencia la regidora Anabel Acosta cuestionó a García por qué recibió un pago tan alto si no se trató del cese de un trabajador despedido injustificadamente sino de un funcionario que debía presentar su renuncia al concluir el gobierno municipal que lo contrató, como lo hacen todos los funcionarios.
García explicó que la junta de gobierno de la Promotora Inmobiliaria lo "despidió", por lo que no hubo renuncia, y al ser despedido tenía derecho al pago de tres meses de salario, la parte proporcional de aguinaldo y sus aportaciones al fondo de ahorro, como lo establece la Ley Federal del Trabajo.
La regidora Acosta refirió posteriormente que dicha Ley establece un finiquito como ese en caso de que el trabajador demande ante la autoridad laboral la reinstalación a su trabajo, obtenga sentencia a su favor y el patrón se niegue a resintalarlo (artículos 49 y 50 de la LFT)..
Herencia de alcaldes priistas
Por otra parte Omar García explicó que la Promotora Inmobiliaria tiene deudas fiscales debido a las dos administraciones anteriores, durante las presidencias de Rogelio Díaz Brown y Faustino Félix, dejaron de pagar durante cinco años sus obligaciones con el SAT.
En esa situación, dijo, fue necesario negociar con la autoridad hacendaria y se logró pagar la deuda heredada.
Pero en su administración, agregó, el cierre por más de un año a causa de la pandemia impidió consolidar la recuperación económica de la Promotra Inmobiliaria y de nuevo hubo atrasos en los compromisos fiscales.
