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El martes acusaron al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) de hostigarlos y provocar divisiones en la etnia yaqui.
Horas después informaron que fue "levantado" el secretario de la autoridad tradicional de Huíribis quien regresa con huellas causadas al parecer por golpes que le propinaron los secuestradores.
Entonces responsabilizaron al INPI de haber orquestado ese ataque y de inmediato algunos medios estuvieron dispuestos a creer la versión y la difundieron, pese a lo ridículo de una trama que pondría al INPI como un organismo de personas sin la mínima inteligencia y con personalidad gangsteril.
Pocas horas después la fiscal del Estado, Claudia Indira Contreras, afirmó que no hubo tal "levantón", que el secretario de Huíribis no estaba lesionado, como difundieron algunos medios.
Mentira tras mentira se va sembrando un conflicto que no tendría razón de ser si se considera que los firmantes del acuerdo sobre el Distrito de Riego 018 son las autoridades tradicionales de la etnia y los oponentes son personas que desde hace varios años han navegado con las banderas del No al Novillo.
Las aguas broncas
Como si fuera un fenómeno cíclico, cada vez que se intenta un plan o programa para impulsar el crecimiento socioeconómico de la etnia surgen enconos y divisiones irreconciliables animados por intereses ajenos a la etnia. El referente más cercano es el episodio de los Paticys en la década de los noventas.
Hoy el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui enfrenta las mismas circunstancias y en medio del conflicto aflora la causa real: La disputa por el agua, un recurso de la etnia que durante años ha sido aprovechado por grupos externos, ajenos a la etnia.
Se repite casi a diario que el grupo de yaquis rebeldes se oponen a la creación del Distrito de Riego 018, un argumento carente de verdad porque dicho Distrito ya fue creado desde el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas.
Lo real es que hasta hoy práctimente no ha sido operado por los yaquis. Actualmente y desde hace varios años lo opera una empresa particular, el Servicio Mexicano de Hidrología contratado por la Conagua.
A través de esta empresa se entrega la dotación prevista por la ley, alrededor de 263 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua, de esta cantidad, 250 Mm3 son para riego agrícola y 13 Mm3 para uso urbano.
Sólo que casi el 100 por ciento de las tierras yaquis están rentadas y son los rentistas quienes aprovechan el agua del DR 018.
¿Qué hace falta para que los yaquis cultiven y sean beneficiarios de sus tierras agrícolas y del agua?
Además de financiamiento accesible, no usurero, requieren de una organización productiva disciplinada que supere ambiciones individuales o de grupo y sostenga una visión empresarial de ahorro y reparto de utilidades sin alterar sus usos y costumbres tradicionales.
Se dice fácil pero antes ya se ha intentado sin éxito.
Asunto generacional
Hay un factor más que juega en contra de regresarle a la tribu el manejo total de sus tierras y agua. Dicho factor afecta por igual a una parte de los agricultores privados.
Se trata de la falta de interés y capacitación en las nuevas generaciones que han heredado las tierras de sus antepasados.
Los yaquis que sembraron sus tierras, como muchos agricultores de la ciudad, ya han muerto o están muy viejos y sus descendientes consideran más cómodo rentar la tierra y ceder los derechos de agua a consorcios financieros foráneos que son en la práctica los benficiarios de la riqueza agrícola del Valle del Yaqui, tal como lo visionó la reforma salinista del Artículo 27 Constitucional.
En este entramado los yaquis opositores al acuerdo sobre el DR 108 podrían ser sólo un instrumento de quienes están interesados en mantener la situación actual.
