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Apenas terminó de decirlo y ya estaba provocando polémicas el anuncio hecho por el gobernador Alfonso Durazo sobre la difusión que tendrán los antecedentes penales de personas asesinadas.
En redes sociales y comentarios en medios de comunicación la reacciones favorables han sido pocas comparadas con las críticas.
Las primeras coinciden en la necesidad de exhibir a quienes participan en la guerra entablada por grupos criminales y hacer una separación tajante con la mayoría de la población ajena a estos conflictos. El tono de la propuesta y de quienes la apoyan parece ser: "Se lo merecían".
Pero con mayor énfasis se han pronunciado quienes consideran esta medida como un error y una salida fácil de autoridades que se sienten impotentes para comnbatir y derrotar a la delincuencia organizada.
Señalan los críticos el daño inmediato que se hace a la familia de los asesinados. En medio del dolor que sufren por el daño hecho deben soportar además el señalamiento oficial y público: "Se lo merecían".
Es la "revictimización de las víctimas", dicen otros. Argumentan que la autoridad está obligada a investigar el crimen y detener a los autores, cualquiera que haya sido el modus vivendi del asesinado y las circunstancias en las que perdió la vida.
Uno de los comentarios más recurrentes y lógico cuestiona si también se van a mencionar los detalles de la vida honesta y pacífica que tuvieron las llamadas víctimas colaterales. Y si en ese caso el estado reconocerá su incapacidad para impedir estos crímenes.
La polémica apenas empieza y podría crecer como bola de nieve en los próximos días.
