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Propuesta y celebrada una vez que los cuerpos legislativos la aprobaron, la Ley Ingrid se ha vuelto en contra de quienes deberían ser sus inmediatas beneficiarias: Las mujeres.
Colectivos feministas promovieron esta ley para proteger a las mujeres víctimas de violencia cuyos rostros y cuerpos enteros son difundidos en imágenes que circulan profusamente en medios de comumicación y redes sociales.
Esto es una revictimización de las víctimas expuestas al morbo público, reclamaron los colectivos feministas y su argumento fue certero, nadie intentó refutarlo y los congresos federal y locales aprobaron la Ley Ingrid.
Pero el entusiasmo inicial ha chocado contra una realidad inobjetable expuesta por los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, conocidos en general como "Buscadoras" pues están conformados en su mayoría por mujeres.
Al prohibir y castigar con duras penas de cárcel la exhibición y difusión de personas desaparecidas cuyos cuerpos sin vida son localizados por las Buscadoras, se impedirá que familiares de las víctimas se enteren sobre el hallazgo de su ser querido.
Han reiterado las representantes de Buscadoras que al no publicar estas fotos muchos de los cuerpos sin vida localizados serán destinados a la fosa común y el dolor de sus familiares persistirá al no tener conocimiento del hallazgo.
Libertad de expresión en riesgo
Al reclamo de las Buscadoras se une ahora el de periodistas que sienten amenazada su actividad por la Ley Ingrid.
“No hablamos de información que pueda causar un daño a las víctimas ?como en el caso de Ingrid? sino de información que la sociedad tiene derecho a conocer”, apunta Leopoldo Maldonado, director de la organización en defensa de la libertad de prensa Artículo 19, entrevistado por Almudena Barragán (El País).
La periodista menciona también la advertencia hecha por José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia entre 2003 y 2018, quien considera que la nueva ley se presta a múltiples interpretaciones que podrían afectar al derecho de los medios a informar sobre asesinatos, violaciones de derechos humanos, feminicidios y otros casos de interés público.
El debate apenas empieza y debe llevar a una revisión de la Ley Ingrid para conciliar el legítimo interés de los colectivos feministas de no difundir imágenes de mujeres víctimas de violencia y el también legítimo interés de los colectivos de Buscadoras y de los periodistas.
