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CDMX.- Al grito de “¡Ni un pasante menos!”, médicos en servicio social, internos de pregrado, residentes y médicos generales marcharon hoy en la Ciudad de México para protestar por el asesinato de su compañero Eric Andrade, así como para exigir a las autoridades educativas y de salud mejores condiciones de seguridad y laborales para quienes realizan su pasantía o cursan su especialidad.
Eric Andrade, pasante de medicina de 24 años, fue asesinado el viernes 15 de julio, mientras atendía a dos pacientes en una clínica de Pueblo Nuevo, Durango.
Desde entonces, los médicos en formación han organizado un movimiento de protesta en varios estados, como Durango, Coahuila, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca y CDMX.
En el Zócalo de la capital, alrededor de 100 de estos médicos hicieron un pase de lista de todos sus compañeros víctimas de violencia y leyeron su pliego petitorio a las autoridades.
Este incluye la exigencia a las autoridades educativas de cancelar las plazas en zonas consideradas como peligrosas: aquellas donde exista alguna denuncia ante la fiscalía del estado o desplazamiento de sus habitantes.
Demandan también que, si un pasante tiene algún percance en la zona donde realiza su servicio social o está en peligro, se le reubique. Eva Pizzolato, representante de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social, explica que ha sucedido que los médicos en formación tienen altercados con habitantes de comunidades o se encuentran en zonas donde hay enfrentamientos entre grupos criminales o con las fuerzas policiales, y las autoridades sanitarias se niegan a moverlos a otro lugar.
Los inconformes también exigen a las autoridades educativas establecer un responsable por universidad para dar seguimiento a los pasantes y garantizar que las instalaciones donde realizan su servicio social estén en buenas condiciones. Muchas veces, dice Andrés Castañeda, coordinador del Colectivo de Médicos en Formación, los pasantes no saben a quién dirigirse dentro de las universidades para poner sus quejas y que estas lleven un proceso.
Otra exigencia es que se cree un protocolo de atención —en coordinación con las autoridades de salud— en caso de que cualquier médico en formación sufra amenazas, acoso o violencia. También buscan establecer un comité estatal permanente para resolver y atender quejas, denuncias y controversias.
