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Avances importantes pero también aspectos negativos contiene la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora, consideró la organización civil Yo Observo Cajeme (YOC).
La Ley No. 87 entró en vigor el pasado 28 de julio y eso fue una sorpresa para quienes pedíamos una mayor socialización y discusión de su contenido antes de ser aprobada, comentó Julio César Pablos Ruiz, dirigente de YOC.
Esto refleja la persistente subordinación del Congreso del Estado ante el Ejecutivo pues la iniciativa pasó en general con los términos que propuso el Gobierno, añadió.
Pablos Ruiz destacó que con la nueva ley se pierde una oportunidad de impactar de forma significativa en el fortalecimiento económico de las pequeñas y medianas empresas sonorenses.
La propuesta central de las organizaciones civiles era utilizar el gasto público estatal hasta en un 35% para provocar el desarrollo de las Mipymes, pero la Ley no incluye este aspecto importante para el desarrollo económico regional.
Aciertos
La nueva Ley también contiene aspectos positivos muy imortantes como el establecimiento de precios de referencia para poner un tope máximo a pagar por cada adquisición, arrendamiento o servicio que contrate el Estado, afirmó Pablos.
Además, dijo, se estableció un 15% de margen preferencial para empresas o productos nacionales que compitan en licitaciones con empresas extranjeras.
Un buen avance, agregó, son las acciones que contempla la Ley para combatir la corrupción, como el establecimiento del sitio de internet CompraNET donde se transparentan las asquisiciones, arrendamientos y servicios que contrata el Estado.
Asimismo es alentador la creación de un Comité de Adquisiciones y de la figura del Testigo Social, aunque éste corre el riesgo de ser coptado si se le asigna un sueldo.
Otro aspecto positivo de la Ley es fijar un plazo máximo de 20 días después de recibida la factura para el pago a proveedores, puntualizó el dirigente de YOC.
