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Debatir y aprobar la Ley General de Comunicación Social será una prioridad en el período legislativo que empieza este martes 7 de febrero en el Congreso de Sonora, afirmó Ernestina Castro.
La coordinadora de la bancada morenista en el Congreso de Sonora, reconoce la necesidad de poner un alto al reparto discresional del presupuesto oficial de comunicación distribuido durante décadas entre medios y columnistas afines al régimen en turno.
Medios privielgiados y seudoperiodistas
Dicha Ley ha generado encono político a nivel nacional y en los estados donde ya se discute, un rechazo abierto desde las fuerzas de oposición al régimen de la 4T, oposición que incluye a partidos, organizaciones civiles y la mayoría de los medios de comunicación que durante décadas fueron privilegiados por millonarios contratos de publicidad gubernamental y se sienten ahora en peligro de perder dichos beneficios. Se incluye entre los opositores, por supuesto, a voceros del Instituto Nacional Electoral.
A veces ni siquiera ha sido necesario ser periodista o tener un medio de comunicación para engancharse en esa ubre, bastaba ser amigo de un funcionario e inventar de la noche a la mañana una publicación impresa o electrónica para participar en el reparto del presupuesto.
La situación ha llegado al límite desde hace una década con la proliferación de sitios de internet, de manera especial en redes sociales, donde se ejerce un "periodismo" ramplón donde lo menos importante es el trabajo informativo profesional pues la única exigencia es alabar a quien reparte el presupuesto, o extorsionar y golpear políticamente a quien se niega a firmar un contrato con el improvisado "periodista".
Qué esperar en Sonora y en Cajeme
La Ley General de Comunicación Social forma parte del llamado Plan B de Reforma Electoral enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobado en el Congreso Federal el pasado 27 de diciembre.
Dicha Ley pone un tope de 0.1% del presupuesto de cada entidad gubernamental para los gastos publicitarios. El gobierno federal tendrá así unos 8 mil millones de pesos para gasto publicitario
En los estados y municipios, así como en los demás poderes, los montos serán demasiado bajos.
Por ejemplo en Sonora, donde el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado en 2023 es poco más de 76 mil millones de pesos, significa que su gasto en comunicación social, es decir, para la contratación de medios y producción interna de publicidad, destinará apenas 76 millones de pesos.
Si aplica de la misma manera en los municipios, entonces en Cajeme, donde el presupuesto de egreso para este año es de 1 mil 930 millones y se contemplan 25 mdp para Comunicación Social, el gasto destinado a a este rubro de aprobarse la Ley sería 1 millón 930 mil pesos. Aún no es claro si este presupuesto deberá incluir lo destinado a nómina y otros gastos internos en el área.
Hasta aquí los datos mencionados se deducen de las líneas generales de la nueva Ley de Comunicación Social aprobada a nivel federal.
En el Congreso local se podrán realizar las adecuaciones necesarias según los criterios de diputados y gobierno en turno tanto a nivel estatal como municipal.
El debate apenas empieza en Sonora, de manera particular en los medios y periodistas atentos a lo que vendrá en las próximas semanas.
