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Con todas sus imperfecciones y desviaciones, la democracia es la mejor forma de gobierno y la clave para su avance y eficacia está en corregir unas y otras.
En México, esas imperfecciones y desviaciones llegan, en materia electoral, a graves violaciones normativas e incluso a delitos que, salvo excepciones, se cometen en completa impunidad.
En ese marco se inscriben las elecciones de gobernadora del Estado de México, que concitan la atención pública por la importancia de esa entidad, que posee la mayor población, el mayor padrón comicial y es una de las mayores potencias económicas entre los estados mexicanos. El mismo 4 de junio se elegirá gobernador también en Coahuila, pero en el plano nacional su interés es menor, pese a las situaciones singulares de su actual proceso comicial.
La mexiquense es una elección de importancia vital para el PRI, que compite junto con PAN y PRD en la alianza Va por el Estado de México, porque la entidad que los priistas han gobernado por más de 90 años es la joya de la corona entre las entidades federativas y porque una derrota podría marcar la ruta del PRI hacia un estatus de partido marginal.
Ahora bien, más allá del resultado de los comicios, tiene importancia mayúscula la calidad de la elección y en este rubro el panorama no es nada halagüeño.
En una reunión con dirigentes, militantes y simpatizantes celebrada el 17 de abril pasado, la candidata de PRI, PAN y PRD, Alejandra del Moral, arengó: “Tomen su lugar en la batalla y hagan lo que saben hacer, para bien o para mal; queremos constancias de mayoría, no de buena conducta, salgan y ganen la elección…” Matizado, la candidata repitió su llamado el domingo 28 de mayo, en su cierre de campaña: “Hagan lo que saben hacer”, dijo.
La arenga refleja lo que han sido durante décadas las elecciones locales en el Estado de México: torneos de violaciones a la Constitución y las leyes para obtener triunfos a como dé lugar. Y el PRI ha obtenido muchas de esas victorias ilegales y su candidata sabe de lo que habla porque ha dirigido el PRI mexiquense. De modo que su arenga a “hacer lo que saben hacer” es un llamado implícito a echar mano de fraudulencias para ganar como sea.
Las principales de esas fraudulencias son el uso electorero de los programas sociales y la compra y coacción del voto. Es decir, de manera indignante e infame se lucra con las necesidades de la población económicamente frágil que sobrevive en medio de la pobreza, una condición que alcanza a casi la mitad de la población mexiquense (48.9% según Coneval-2020)
De esas ilegales prácticas no se salva ninguno de los partidos contendientes en el Estado de México. Testimonios recogidos en el Edomex indican que incluso Morena -cuyos líderes presumen de “no ser iguales” (a los corruptos)- incurre en la compra de votos.
Tales nocivas prácticas acreditan cuánto nos falta avanzar para lograr una genuina democracia en México.
La compra de votos no es exclusiva de México. En las recientes elecciones municipales y autonómicas en España, causó escándalo esa práctica aplicada sobre todo a los sufragios por correo. La diferencia es que ahí hubo decenas de detenidos por esa causa. ¿Cuántos practicantes de ese ilegal comercio han sido detenidos en el actual proceso electoral del Estado de México? ¿Qué hacen las fiscalías federal y mexiquense para combatir esa denigrante perversión comicial?
La compra y coacción del voto son generalizadas en el territorio mexiquense. Ambas son conocidas por la población, pero ahí van viento en popa sin que a nadie escandalice, aunque su repetición debería alarmar a todos -autoridades, partidos y electores- porque implica la degradación de la democracia y también del ciudadano pobre. Así, las preferencias ideológicas y partidarias del elector o bien su aprobación o no del partido que está en el poder, como motivación para el voto, son sustituidas por dinero, regalos, favores y/o amenazas.
Por leyes no paramos. Ahí está el artículo 7 de la Ley General de Delitos Electorales, que prescribe la imposición de cien días multa y prisión de seis meses a tres años a quien “solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación…” Nótese que se castiga no sólo la compra concreta, sino también el ofrecimiento de dinero.
Son disposiciones que, ante la omisión de quienes deberían perseguir esos delitos, pertenecen al género de normas y castigos de papel mojado.
