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La asociación civil Cajeme Cómo Vamos (CCV) denunció a funcionarios del Oomapasc por contratar servicios jurídicos que se comprometieron a pagar en cantidades que rebasan lo permitido por la ley.
El abogado Marco Polanco, integrante de CCV, explicó que el despacho jurídico contratado representa al Organismo en la demanda legal contra la empresa Solaqua, propietaria hasta hoy de las dos plantas tratadoras de aguas residuales que el Ayuntamiento reclama para su propiedad.
El Oomapasc aceptó en el convenio con el despacho jurídico pagarle porcentajes que van desde el 15% hasta el 25% de lo recuperado, cifras que rebasan con mucho el 5% máximo que establece el artículo 82 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El desglose hecho por CCV de dicho contrato firmado en el 2022, especifica:
Oomapasc pagará 4 millones de pesos (mdp) por la recuperación de las dos plantas.
De los 3 millones 500 mil pesos que el Oomapasc dejará de pagar mensualmente a Solaqua una vez que recupere las plantas, entregara el 25% mensual de esa cantidad durante los primeros cuatro meses, un total de 875 mil pesos.
En 48 meses Oomapasc pagará el 15% mensual de los 3.5 mdp que dejaría de pagar a Solaqua, por lo que el despacho recibiría 25 mdp en cuatro años.
Y en caso de lograr que se declare improcedente el pago de 230 mdp que reclama Solaqua por las dos plantas, el despacho jurídico recibirá el 25% de dicha cantidad, o sea, 57 mdp en números redondos.
En total, y según CCV, el contrato compromete al Oomapasc a pagar 90 mdp a su representante legal en la demanda contra Solaqua.
Noventa millones de pesos, una cantidad nada despreciable para un Organismo que vive en la crisis financiera permanente.
