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Dos eventos trágicos ocurridos la semana pasada pusieron en evidencia la doble cara de la política oficial ante la crisis de seguridad arraigada ya durante varios años en Cajeme como en el resto del país.
El primero de esos eventos fue el artero crimen de Luis Castro, y el segundo, el fallecimiento después de varios días de agonía de la jovencita Yazmín, con apenas 17 años de edad, herida al quedar en medio de una balacera a cargo de presuntos sicarios.
La doble cara del oficialismo es la expedita y eficiente investigación para atrapar en menos de un día a los responsables y determinar el móvil del crimen que segó la vida del director del Oomapasc. La otra cara es la práctica indiferencia de las autoridades ante la tragedia de Yazmín, cuya suerte en términos oficiales podría definirse sólo como el de una "víctima colateral", nada más.
En el primer caso hay dos detenidos cuyas fichas pronto se dieron a conocer. En el segundo sólo hay una estadística, una carpeta de investigación más acumulada en los archivos de procuraduría. El primer caso era muy importante mientras que el segundo, al parecer, no tanto.
Todos los reconocimientos públicos -muy merecidos- para el funcionario que era una buena persona. Ningún comentario oficial sobre la tragedia de Yazmín, alumna del Cobach que vivía en una colonia modesta del sur de la ciudad.
El dolor de sus familias es idéntico. La causa de sus tragedias es la misma: la terrible crisis de seguridad pública.
Pero la dimensión social de ambos hechos son diferentes. Uno es el que conmueve a todos, ocupa los espacios mediáticos y genera declaraciones oficiales.
La otra dimensión es producto de un entorno donde se ha normalizado la violencia criminal y una "víctima colateral" más sólo es un dato para la estadística de homicidios y desaparecidos.
