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El 6 de agosto de 2014, la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a un afluente del río Sonora; los tóxicos, provenientes de una presa de jales, afectaron a más de 22 mil residentes de ocho municipios y 37 comunidades de la sierra norte de Sonora.
El derrame provocado por la negligencia del consorcio es todavía el peor desastre ambiental vinculado a la minería en toda la historia del país, y durante la década transcurrida desde entonces, al daño ecológico se han sumado letales afectaciones a la salud de los pobladores, así como una permanente burla a las obligaciones corporativas de remediación e indemnización.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto fue notoria la protección oficial al conglomerado del magnate Germán Larrea, hasta el punto en que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le entregó 73 cajas de documentos del expediente del caso sin conservar copias físicas ni digitales.
El encargado de supervisar el funcionamiento de las plantas, el ex subdirector general técnico de la Comisión Nacional del Agua Víctor Hugo Alcocer, hoy es empleado de Grupo México.
En la actual administración federal ha habido un viraje para bien, palpable en el seguimiento puntual de la situación por parte de la Semarnat y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Gracias a la atención prestada por esta dependencia, se sabe que la contaminación del agua no sólo no se atenuó con el tiempo, sino que presentó alarmantes repuntes: mientras en marzo de 2020, en 35 por ciento de las tomas estudiadas se rebasaban los límites permitidos de plomo, para julio, 57 por ciento ya excedían el volumen considerado seguro por la norma oficial mexicana correspondiente.
El cambio no se ha limitado a lo testimonial, pues hace un año la Semarnat presentó una denuncia penal contra Grupo México por su incumplimiento en la remediación ambiental.
Sin embargo, nada de eso ha motivado un cambio de actitud en la indiferencia criminal mostrada por la empresa. Parte de la inercia se explica porque su propietario, la segunda persona más rica de México y de toda América Latina, ha tenido de su lado al Poder Judicial, máximo valedor de los intereses de los grandes capitales: en lugar de emplazar a la trasnacional a que entregara los 2 mil millones de pesos comprometidos para subsanar los daños ocasionados a la vida silvestre y humana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó que aportara menos de la mitad, y encima ordenó que se le reintegraran 77 millones.
En 2017, la misma SCJN dictaminó la extinción del fideicomiso formado para financiar los trabajos de mitigación, pese a que entonces como ahora era claro que la empresa había evadido todas sus obligaciones.
Con la sensación de inmunidad que le brinda el blindaje de los togados, Grupo México multiplica sus ganancias a expensas de la naturaleza, de la salud humana y de sus propios trabajadores, a quienes niega las mínimas medidas de seguridad para realizar sus labores en condiciones de alto riesgo, como muestra de manera dramática otro de los expedientes siniestros de la compañía: el de los 65 mineros atrapados bajo tierra en el tajo de Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006.
Si se quieren evitar nuevas tragedias humanas y ambientales, es imperativo hacer valer la ley y garantizar el cumplimiento de todas las acciones de remediación ambiental, indemnización a las víctimas y buenas prácticas de trabajo por parte de Grupo México y sus filiales.
