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CDMX.- Este lunes 4 de noviembre de 2024 se publica de la convocatoria para todas aquellas personas que busquen participar en la elección de los 881 cargos de funcionarios judiciales.
Con ello, comenzarán a laborar los comités de evaluación de cada uno de los Poderes de la Unión, los cuales funcionarán como el primer gran filtro de selección de las y los aspirantes a ocupar un puesto de jueces, magistrados, así como de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para poder participar, aquellas personas que busquen integrarse en calidad de magistrados, ministros y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial deberán presentar los siguientes requisitos:
Acta de nacimiento.
Credencial para votar.
Título o cédula de licenciatura en derecho.
Certificados de estudios.
Documentos que acrediten su actividad jurídica.
Constancia de residencia en el país de al menos dos años.
Carta de buena reputación.
Ensayo de tres cuartillas.
Cinco cartas de vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad.
Constancia de práctica profesional de al menos tres años en un área jurídica.
Carta de no haber sido condenado por delito doloso alguno.
En el caso de personas que aspiren a un cargo como jueces, los requerimientos consisten en:
Licenciatura en derecho con promedio mínimo de 8.
Contar con una calificación mínima de 9.
Cartas de recomendación.
Ensayos que respalden su candidatura.
Un día después de que se difunda la convocatoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá y votará el proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el cual contempla la inconstitucionalidad parcial de la iniciativa enviada al Congreso de la Unión por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
A pesar de ello, un sector de legisladores, así como la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han insistido en la ausencia de facultades de la SCJN para eliminar texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incluso, en el Congreso de la Unión elevaron a rango constitucional el artículo 61 de la Ley de Amparo, que protege a la Carta Magna de amparos o trámites de inconstitucionalidad.
