Con la marca de la casa boursista, el paso de Bulmaro Pacheco por el Cobach documenta la historia del saqueo presupuestal, las triquiñuelas legales para sus sobrevivencia política, mientras la institución es condenada a pagar sumas millonarias en la defensa inútil de casos perdidos…

Bulmaro Pacheco Moreno no quiso irse de la Dirección General del Colegio de Bachilleres, sin darle una buena tarascada al presupuesto de esa institución.

Perdido el litigio por un terreno en el plantel de Puerto Peñasco, Bulmaro Pacheco contrató al abogado Juan Pablo Serrano Autrique, para que éste interpusiera los recursos legales que postergaran la resolución del Juzgado, al menos hasta que él ya no estuviera al frente del sistema Cobach.

El costo, una bicoca. Un millón 600 mil pesos de honorarios para Serrano Autrique, para más señas, compadre de Roberto Ruibal Astiazarán, hoy jefe parlamentario de Bulmaro Pacheco en el Congreso local.

Al estilo del boursismo, el saqueo de las instituciones es la norma. El dispendio la regla; la ganancia para sí y para los amigos, el fin que justifica todos los medios.

Hoy, el Colegio de Bachilleres espera que de un momento a otro, el tribunal que conoce del caso resuelva a favor de la parte demandante, y obligue a la institución a restituir un terreno de aproximadamente nueve mil metros cuadrados, del que indebidamente se había apropiado.

El litigio ha sido largo y tortuoso. Incluye guerras de desplegados, acusaciones rabiosas entre Bulmaro Pacheco Moreno y Víctor Arriola Mayer, el ‘próspero empresario’ que adquirió ese terreno en 500 mil pesos, para tasarlo después en 27 millones de pesos y utilizarlo como moneda de cambio para inyectarle recursos frescos a sus cuentas.

Todos ganan en este juego: Bulmaro Pacheco, porque operó mañosamente para que el asunto se resolviera una vez que él ya no ocupara la Dirección General de Cobach.

Gana Víctor Arriola Mayer, porque finalmente impondrá sus condiciones en una negociación ventajosa para él.

Gana el abogado Juan Pablo Serrano Autrique, a quien el Colegio de Bachilleres le ha entregado los cheques 0000030054, 0000001485 y 0000001811, cada uno de ellos por 210 mil pesos.

El concepto: “prestación de servicios jurídicos al amparo del contrato de servicios profesionales del 21 de febrero de 2007, en relación con el inmueble que ocupa el plantel Puerto Peñasco”.

Los cheques fueron revisados y firmados por Óscar Rascón Acuña, director de Administración y Finanzas del Cobach, y autorizados por el Director General, Bulmaro Pacheco Moreno.

Al señor Serrano Autrique, compadre de Roberto Ruibal Astiazarán, el Cobach debe pagarle, al terminar este juicio que estaba perdido de antemano, otros 800 mil pesos, para completar lo pactado en el contrato referido, en cuyo calce aparecen las firmas de Pacheco Moreno y Serrano Autrique.

En realidad, no todos ganan. También hay quien pierde, en este caso el Colegio de Bachilleres que ahora está obligado a pagar el resto de los honorarios al abogado Serrano Autrique (unos 800 mil pesos) y eventualmente, los gastos y costas del juicio perdido por la institución, cuya suma es desconocida. Y a desalojar el terreno, por supuesto.

Un rápido recuento jurídico

El origen del problema se remonta al año 1979, cuando fue creado en plantel Puerto Peñasco, del Cobach, sobre un terreno de 23 mil metros cuadrados. En aquel entonces se toma la decisión de anexarse -sin título de propiedad-, los nueve mil metros hoy en disputa, utilizándolos para construir ahí canchas deportivas y algunas aulas.

En 2002, Banamex reclamó para sí la propiedad, mediante el juicio reivindicatorio radicado en el expediente 149/2002, y el 10 de diciembre de ese mismo año, el Juez Segundo de lo Civil resolvió declarar a la institución financiera como propietaria del bien inmueble. Condenó al Cobach a entregarlo en un término de cinco días, y a pagar los gastos y costas derivados del juicio.

Cobach interpone un recurso de apelación que no procede, pues el 27 de mayo de 2003, el Segundo Tribunal Regional del Primer Circuito, confirmó la sentencia del 10 de diciembre de 2002.

Posteriormente, en julio de 2003, Cobach interpone una demanda de amparo contra la sentencia de la segunda instancia. Tampoco procedió. El 20 de octubre de 2004 se resolvió negar el amparo y la protección de la justicia federal al Cobach.

Ya para el mes de agosto de 2006, Banamex vendió el inmueble a la empresa Inmobiliaria Arisa, representada por Víctor Arriola Mayer.

En 2007, ya como Director General de Cobach, Bulmaro Pacheco firma el contrato de prestación de servicios con Juan Pablo Serrano Autrique, quien hasta la fecha ha venido interponiendo recursos legales que sólo postergan la resolución final, misma que de un momento a otro aparecerá en contra de Cobach.

Recursos de revisión, reclamos de nulidad de títulos, juicios de amparo, incidentes de excepciones supervinientes, entre otras acciones legales han sido promovidas por Serrano Autrique en los últimos tres años. Todos han sido desechados por la autoridad judicial.

El juicio, para el Cobach, está perdido desde hace mucho, pero eso no ha sido obstáculo para que los honorarios del abogado sigan cobrándose.

Un rápido recuento político

Si en el terreno legal, Bulmaro Pacheco y su abogado poco podían hacer, salvo cobrarle al Cobach una cifra millonaria por el litigio, decidieron entonces explorar la vía política.

El enfrentamiento entre Bulmaro Pacheco y Víctor Arriola Mayer tuvo su punto más álgido en 2008, cuando a través de los medios de comunicación, ambos personajes se dijeron de todo. Literalmente.

Por ejemplo, en un artículo de los que con cierta regularidad publica el hoy diputado local, se refiere al empresario como ‘quien se ostenta como dirigente de un consejo de coordinación (que no coordina a ninguna cámara) empresarial (que no representa a verdaderos empresarios de Sonora)’.

Bulmaro se queja de que Arriola Mayer puso como condición para negociar el terreno, un precio de 12 millones de pesos, y pretendió cobrar otros cuatro millones de pesos por los gastos y costas del juicio.

Hay un párrafo significativo en el artículo de Bulmaro Pacheco, donde dice: “Arriola Mayer, el empresario “comprometido con su estado y que le seguirá apostando a Sonora”, condicionó aceptar el trato sólo si se le asignaba otro terreno en la capital para construir un estacionamiento; Bienes y Concesiones negó dicha posibilidad por considerarla exagerada y sin límites”.

Significativo el párrafo, porque hoy, Arriola Mayer construye un mega estacionamiento en un terreno ubicado en el corazón del centro histórico de Hermosillo, a un costado del Palacio de Justicia, a una cuadra del Congreso del Estado y a dos cuadras del Palacio de Gobierno.

Rotas las negociaciones, el lenguaje visceral se hace presente: “Esas acciones reflejan la típica mentalidad de algunos negociantes representativos de la ultraderecha que piensan que los servidores públicos deben actuar de rodillas ante sus pretensiones, nada más por la presunción de relaciones políticas y económicas, por complicidad, o asumirse como rehenes asustadizos por las amenazas de ataques en los medios. Hay una infinidad de ejemplos del típico empresario ventajoso y saca raja, cultivador de funcionarios para asociarlos y sacar provecho. Lo peor es que a veces lo logran y nunca les pasa nada, son los que piensan que el servidor público es por naturaleza arribista y corrupto”, escribió Bulmaro Pacheco en ese artículo.

En ese tiempo, Bulmaro Pacheco auspició la movilización social en Puerto Peñasco para impedir el cumplimiento de una resolución judicial, lo que fue considerado por Arriola Mayer como “maniobras políticas (de Bulmaro Pacheco), chantajes o presiones para buscar sus intereses políticos”.
Pasados los años, y con la inminencia de una resolución judicial en contra del Cobach, el asunto toma nuevos aires, particularmente en estos días, cuando la nueva administración del Cobach está encontrando en los archivos de la institución, una cauda de irregularidades que comenzarán a aflorar en breve.